La Cámara de Diputados aprobó con votación unánime de 489 a favor, las reformas propuestas por el Presidente de la República con el fin de crear el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).
El decreto avalado, será enviado al Senado de la República para continuar con los trámites parlamentarios.
Después de que se le diera trámite de publicidad, de inmediato inició la discusión.
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Crisis por desapariciones de personas
Al fundamentar las adiciones a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares; y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas avancen en San Lázaro, la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Nelly Carrasco; y el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Macías, destacaron la importancia del tema.
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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del recinto y el presidente de la Comisión de Justicia, respectivamente, afirmaron que el país vive una seria crisis en materia de desapariciones de personas y violencia y si bien no es responsabilidad de la presente administración, sino que se agravó con el pasar de los años, es preciso actuar.
“Hoy estamos viendo la peor ola de violencia de la cual se tenga registro en nuestro país y que se ha derivado en una terrible crisis de desapariciones. Pero sería muy mezquino decir que esa crisis comenzó el día de hoy, es una terrible crisis que lleva muchos años y que deriva del fracaso de muchos gobiernos, de muchos partidos y de muchas instituciones”, dijo el diputado Macías Olvera.
La diputada Carrasco recalcó que el país vive una seria crisis en materia forense, ya que la mayoría de los estados apenas tiene un 20 por ciento de capacidad para identificar los cuerpos que llegan a las instancias correspondientes, y tienen un sobrecupo de 40 por ciento.
Agregó que de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, en el país hay 99 mil 231 casos de ese tipo.
Centro sin recursos
En el debate, legisladores de oposición hicieron énfasis en que, sin recursos suficientes, el Centro de Identificación no podrá operar.
“Aprobar el Centro Nacional de Identificación Humana nos compromete a que en la discusión del próximo presupuesto de Egresos, esta Cámara no solo escuche a las víctimas, sino que también se le asigne el presupuesto suficiente a este Centro. Hay que poner los recursos donde están los discursos”, dijo la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Julieta Mejía.
Centro de Identificación Humana
El proyecto enviado a la Cámara el pasado 31 de marzo, y enviado a comisiones el pasado 6 de abril, tiene como fin garantizar el derecho de toda persona humana a ser buscada, localizada con vida; y en caso de estar sin vida, ser identificada y entregada de manera digna a sus familiares.
Indica que el Centro Nacional de Identificación tendrá un enfoque masivo dirigido a personas desaparecidas, permitirá brindar una búsqueda efectiva y certera y en su caso, el trato digno a los cuerpos sin identificar.
El organismo tendrá autonomía técnica y operativa.
Sin embargo, deberá crearse con los recursos previamente asignados a la Comisión Nacional de Búsqueda, porque el Ejecutivo Federal no autorizará partidas ni asignaciones extraordinarias.
También aplicará un enfoque híbrido para dar correcto tratamiento forense a los cuerpos y restos de personas identificar, que sean recuperados de fosas comunes y de inhumación clandestina.
Tendrá entre sus prioridades, formar expertos para la identificación y recuperación sistematizada y ordenada de los cuerpos en resguardo en fiscalías y servicios médicos forenses, fosas comunes de inhumación clandestina y en todo lugar de hallazgo que se desprenda de las acciones de búsqueda.
Para lograr esos objetivos será necesario el acceso pleno e inmediato a los cuerpos y restos humanos, indicios biológicos en resguardo o a disposición de fiscalías, instituciones periciales y autoridades de investigación criminal; así como a la información multidisciplinaria pericial con que cuentan esas instituciones, incluyendo bases de datos e informes.
El Centro no será un sustituto ni suplirá las obligaciones de los servicios forenses de las fiscalías y tribunales locales, sino que tiene el fin de implementar una política pública de búsqueda forense con fines de identificación a través de una metodología para la realización de identificaciones masivas.
Entre otras funciones podrá recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar con propósitos de identificación humana los cuerpos, restos humanos y muestras óseas para su procesamiento genético.
Asimismo, tendrá la capacidad de inspeccionar centros de resguardo, cementerios, fosas comunes y todo sitio en el que se encuentren cuerpos, restos humanos e indicios biológicos sin identificar.
Realizará las investigaciones que requieran control judicial solicitadas por la Comisión Nacional de Búsqueda, y para ello tendrá un plazo no mayor a 72 horas, a menos que requiera más tiempo, el cual se podrá ampliar hasta 144 horas más.
En artículos transitorios, establece que el gasto a realizar por las dependencias y entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento a la reforma, deberá cubrirse con los recursos aprobados para el ejercicio fiscal en curso, “por lo que no se incrementarán sus respectivos presupuestos”.
Búsqueda de desaparecidos es responsabilidad del Estado
Señala que es obligación del Estado garantizar el derecho de la víctima y sus familiares al esclarecimiento de los hechos violatorios de derechos humanos y el establecimiento de responsabilidades a través de la investigación y el juzgamiento.
Dicha obligación incluye la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, por lo que el Estado está obligado a realizar, de oficio, la búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.
Crisis forense
La argumentación del proyecto, indica que pese a los esfuerzos para la búsqueda e identificación de personas, hasta 2019, a nivel nacional sólo existían 217 laboratorios y 263 anfiteatros.
Admite la existencia de una crisis forense que también se refleja en la falta de infraestructura adecuada y suficiente para el desarrollo de pruebas periciales, escasez de personal especializado y recursos económicos limitados.
También se manifiesta en falta de criterios homologados para conservar los cuerpos, así como desconocimiento de la norma aplicable en la materia e insuficiencia de cementerios forenses.