Desde la Cámara de Diputados, un grupo de integrantes de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) , una denuncia penal por amenazas.
Lo anterior, contra los dirigentes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado y Citlalli Hernández, así como el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
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Ello, a raíz de la campaña de odio y difamación contra legisladores de oposición que votaron contra la propuesta de reforma eléctrica del Presidente de la República, la cual se discutió y desechó el pasado 17 de abril en el recinto legislativo de San Lázaro.
Conductas delictivas
Los legisladores de oposición indicaron que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, las conductas de los dirigentes del partido Morena y del Primer Mandatario, de exhibir a los rostros y nombres de congresistas de oposición que ejercieron sus labores emitiendo un voto sobre un proyecto de reforma, así como de acusarlos por el delito de traición a la patria e instar a la población a hostigarlos, configuran el ilícito de amenazas.
Señalaron que dichas acciones de tipo público, constituyen amenazas hacia la integridad física de los representantes populares, lo cual también violenta el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Amenazas anunciadas públicamente
Recordaron que el lunes 18 de abril, los líderes del partido guinda anunciaron en un pronunciamiento público, ante la prensa, que prepararían una lista con los nombres y rostros de los diputados federales a los que tacharon de ser "traidores a la patria".
Ese mismo día, desde su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente de la República hizo el mismo pronunciamiento, "haciendo alusión a expresiones constitutivas de amenazas".
A la relatoría de hechos notificados a la Fiscalía General, se agregó la creación de una página de internet identificada como "traidoresalapatria.com", donde se difundieron datos personales e imágenes de congresistas federales.
Esa acción, dijeron, viola el Código Penal Federal, que en su artículo 282 tipifica ese tipo de hechos como "delito de amenazas", el cual se sanciona con tres días y hasta con un año de cárcel, y con multa de 180 a 360 días.
Inviolabilidad trabajo parlamentario
Agregaron que de acuerdo al artículo 61 de la Carta Magna, los legisladores federales son inviolables por las opiniones que expresen en el desempeño de sus puestos y no podrán ser reconvenidos por ello, de modo que sus votos a favor o en contra o en abstención, en relación a cualquier asunto a discusión, no pueden ser objeto de amenaza.
Por ello, demandaron al Ejecutivo Federal poner freno a la campaña de odio y desprestigio contra legisladores federales que ejercieron sus funciones, emitiendo su voto en la discusión de la reforma eléctrica.
Los parlamentarios que acudieron a interponer la denuncia fueron las integrantes del PAN, Mariana Gómez del Campo y Teresa Castell; así como la diputada del Sol Azteca, Gabriela Sodi; y los diputados del tricolor, Guillermo Huerta Ling y Javier González Zirión.