Ante el desacato del Decreto Presidencia para que las fuerzas armadas brindaran información sobre el caso Ayotzinapa, los padres y madres reprocharon al Presidente que él da indicaciones y nadie lo obedece, señalaron durante su mensaje de aceptación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
María Elena Guerrero madre de uno de los desaparecidos, señaló que ante el ocultamiento de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, que ahora se sabe participó con un dron y en la presunta escena del crimen en el basurero de Cocula, el Presidente Andrés Manual López Obrador no los ha vuelto a convocar, incluso cuestionaron porque se "administra" la información del caso hasta la fecha y a quien sirve ello.
Información relacionada: Normalistas de Ayotzinapa se enfrentaron a la Guardia Nacional en Guerrero
Por su parte Emiliano Navarrete, padre de uno de los estudiantes desaparecidos en Iguala hace siete años, señaló que ante los nuevos hallazgos del GIEI, es necesario que el actual mandatario federal busque la manera de lograr que el ex presidente Enrique Peña Nieto, el ex Procurador Jesús Murillo Karam y otros actores de primer nivel político sean llamados a declarar sobre éstos hechos.
Mario González, también integrante de los padres y madres de Ayotzinapa, advirtió que las 43 familias están enojadas, "más bien encabronadas porque por tres años el gobierno ha jugado" con ellos, incluso los han citado en lugares como el 27 Batallón en Iguala, donde obviamente no encontrarían nada, pero se tomaron la foto para demostrar una apertura que en los hechos no existe.
Emiliano Navarrete respondió a las aseveraciones del experto independiente Francisco Cox, respecto a que no hay evidencia de que los estudiantes continúen con vida y dijo que para la ley, después de siete años así se registra, sin embargo los padres y madres seguirán exigiendo la presentación con vid de los Normalistas de Ayotzinapa.
Finalmente las familias de los desaparecidos solicitaron una nueva reunión con el jefe del ejecutivo federal, ante el anuncio del GIEI, quienes advirtieron que su estancia en México para las investigaciones del caso solo podría prolongarse por cuatro o seis meses más, pero corresponde al Estado esclarecer éstos hechos.