En la Cámara de Diputados, integrantes de la oposición cumplieron uno de los tres compromisos hechos con la comunidad académica, estudiantil y laboral del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), inmerso en una serie de decisiones impuestas desde la dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
Al participar en el encuentro, el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antonio Lazcano, hizo un balance sobre los tres primeros años de la política federal en materia de ciencia y tecnología, cuyos resultados calificó como “desastrosos”.
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Dimisión Álvarez-Buylla
El especialista hizo referencia a la serie de irregularidades que han marcado la política científica desde el inicio de la actual administración.
Citó la decisión unilateral de designar al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz, como investigador Nivel 3; así como una “larga lista” de daños y ofensas al aparato académico en el país.
Habló del talante “autoritario” de la directora del CONACYT, así como su “desdén” al trabajo científico, el desmantelamiento de las instancias administrativas de la institución a su cargo, el despido del personal de carrera para designar a personas “elegidas”.
Refirió a la sustitución del análisis critico por un discurso y posturas “ideologizadas” e inexactas; la desaparición de fideicomisos de apoyo a la ciencia y la tecnología y la reducción becas.
También, a la discriminación a investigadores que trabajan en instituciones privadas, el intento de suspender becas a las mujeres embarazadas, las decisiones movidas por el “rencor”, la “ineptitud” y falta de comprensión de la importancia de la investigación.
Habló del nacionalismo “cursi” y demagógico que la directora Álvarez-Buylla ha intentado imponer frente al pensamiento científico, así como la clara intromisión en la autonomía de las instituciones del sector.
A la lista, Lazcano Araujo sumó otros sucesos como los cambios en el Sistema Nacional de Investigadores y al Sistema de Becas, sin tomar en cuenta a los posgrados de las instituciones académicas y el ejercicio “patrimonialista” del CONACYT.
Los dilemas de la política de ciencia y tecnología, abundó el orador, debieron enfrentarse a través del diálogo, sin embargo, se optó por imposiciones como las que se orquestaron en el CIDE.
A la mitad del sexenio, a la directora le resta entrar en razón y si no puede hacerlo, que deje el puesto, sentenció.
“Y tiene por delante tres años más, para hacer a un lado sus posiciones zalameras con el Ejecutivo y darse cuenta de la responsabilidad que tiene con la comunidad científica y con México, revisando críticamente sus actitudes autoritarias y tratando de promover un desarrollo de la investigación que evite las visiones populistas”, retó.
“Si cree que no lo puede hacer, mejor que dimita antes de seguir causando más daño al futuro de la ciencia en el país”, remarcó.
Diputados citan a Álvarez-Buylla
Al inaugurar el encuentro que tuvo lugar en el recinto parlamentario, uno de los convocantes, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Riestra, señaló que si el país quiere instituciones educativas al servicio de la patria, las autoridades deben garantizar la autonomía, libertad de cátedra, libertad de expresión y la toma de decisiones colegiadas.
Señaló que legisladores de todos los partidos están interesados en atender la problemática del CIDE y otras instituciones educativas y de investigación, por lo cual, el presidente de la Comisión de Ciencia e integrante de la bancada del Partido Verde (PVEM), Javier López Casarín, ya giró citatorio a la directora del CONACYT.
María Elena Álvarez-Buylla Ronces deberá presentarse en el recinto parlamentario el próximo jueves 17 de marzo, para hablar con los congresistas del estado en que se encuentra la situación en el CIDE y explicar por qué se han implementado decisiones contrarias a la institución.
Riestra Piña enfatizó que si se quieren que instituciones educativas al servicio de la patria, es preciso garantizar condiciones mínimas para la generación de conocimiento, la libre expresión, la libertad de cátedra, así como el respeto a órganos colegiados de toma de decisiones, que en suma blinden la autonomía universitaria.
Asedio a universidades y centros de investigación En sus respectivas intervenciones, los diputados del PAN, Juan Carlos Romero; y el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, coincidieron en advertir sobre la gravedad de los ataques del Ejecutivo a las instituciones universitarias.
El diputado Romero Hicks, que también fue director de CONACYT, alertó que cuando los gobiernos manifiestan su temor al pensamiento “están graves”, pero cuando temen a la academia y actúan en su contra, están en “estado crítico”.
El congresista del PAN enfatizó que la autonomía universitaria no es una graciosa concesión ni “un favor”.
Luego de tachar de “mediocres” los esfuerzos del Ejecutivo Federal por destruir instituciones como las universidades y otras instancias autónomas, adelantó que los congresistas federales no esperarán a que el Presidente entregue su propuesta de nueva Ley de Ciencia y Tecnología.
La oposición en el Congreso, recordó, ha estado presentando iniciativas de reforma que buscan afianzar el respeto a la autonomía universitaria, y próximamente, podrían plantear un proyecto conjunto de ley en la materia.
El diputado Moreira Valdez lamentó las agresiones a las instituciones generadoras de conocimiento.
Advirtió que atentar contra espacios educativos de calidad y darles un sesgo ideológico erróneo daña a la nación. Los lances contra el CIDE y otras instituciones educativas, son un grave error.
Remarcó que el enemigo de los actos autoritarios es el pensamiento y también el progreso.