La Secretaria de Bienestar, Adriana Montiel Reyes, aseguró ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que 3.5 millones de personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, elevada a tango constitucional por iniciativa del actual Gobierno de México.
De esta manera, el Estado Mexicano inició la sustentación de los informes periódicos segundo y tercero combinados presentados por México en 2018 y que expone las acciones ejecutadas por el país en cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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En un enlace virtual hasta Ginebra, Suiza, sede del CDPD, Montiel Reyes informó sobre el esfuerzo presupuestario desde 2019 y hasta el presente, por parte del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que asciende a más de 227 mil millones de pesos, es decir 10 mil 850 millones de dólares para garantizar un ingreso básico a la población que vive en condición de discapacidad, de manera universal a las personas de 0 a 29 años y mayores de 65 años de edad, y para las personas de 30 y hasta 64 años para quienes habitan en municipios y localidades indígenas o afromexicanas y en municipios o localidades y que viven en extrema pobreza, esto en cumplimiento del derecho internacional en la materia, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
En este marco, reiteró la propuesta del presidente López Obrador ante los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, el pasado 9 de noviembre de 2021, para conformar un plan mundial de fraternidad y bienestar.
El objetivo, dijo, es crear un fondo por mil millones de dólares que sirva, entre otros propósitos, para atender a las personas con discapacidad.
La delegación mexicana está encabezada por la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y participan servidores públicos de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob), entre otros; así como de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), y diversos organismos autónomos que coadyuvan en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas y acciones en beneficio de las personas con discapacidad.