El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), exigió al gobierno del estado de Guerrero, que de manera inmediata, se investigue y sancione a los funcionarios públicos del hospital Raymundo Abarca de Chilpancingo, que vulneraron los derechos de una menor de 9 años víctima de violencia sexual y a quien le fue negada una Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El Observatorio manifestó su preocupación por la prevalente violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres guerrerenses, cómo es el caso de la menor Meu2019phaa de 9 años, originaria de Acatepec, Municipio de Tlapa, Guerrero, víctima de violencia sexual a manos de su primo de 12 años, lo que derivó en un embarazo no deseado y lo que evidenció la urgente necesidad de legislar en torno al derecho a la salud reproductiva de las mujeres.
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Agregó a través de un comunicado que si bien la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero ha hecho público que ha realizado la ILE, es ineludible reiterar que el Gobierno guerrerense, tiene pendiente implementar las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por Agravio Comparado, dictadas por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Por ello el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a través de las organizaciones que la integran, hicieron un llamado a la Gobernadora, Evelyn Salgado; a la actual Legislatura del Congreso de Guerrero, a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía del Estado de Guerrero, de manera particular, a que no posterguen aún más la implementación de las medidas dictadas desde el 5 de junio de 2020, a través de la AVGM por agravio comparado.
También se solicitó que a la brevedad la legislación y normatividad que garantice a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, la Interrupción Legal del Embarazo, en respuesta al contexto de violencia que se vive en el estado.