Las penas contra la pornografía infantil deben incrementarse no solo para quienes producen ese tipo de materiales, sino para quienes los reciben y no presenten denuncia ante las autoridades correspondientes, demandó la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados.
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A través de la diputada Dulce Silva, los morenistas en San Lázaro presentaron iniciativa de reforma en materia penal, con el fin de imponer sanciones de 10 y hasta 25 años de cárcel y de dos mil a 30 mil días de multa, a quien posea, arriende, almacene o adquiera para sí o para un tercero, ese tipo de material, sin fines de comercialización o distribución.
Será penalizado en los mismos términos aquel que reciba ese tipo de materiales, a través de cualquier medio y no presente denuncia el ilícito.
"Se aumenta la pena porque se considera que no debe existir una distinción entre el generador o vendedor y el comprador o consumidor final", recalcó.
México, primero en producción de pornografía infantil
Al fundamentar la propuesta, la diputada Silva Hernández planteó que de acuerdo a organizaciones nacionales e internacionales, México es uno de los principales productores, distribuidores y consumidores a nivel internacional, de pornografía infantil, al grado de ocupar el segundo lugar en el orbe en esa materia, y el primero en América Latina.
Refirió que estudios de instancias y asociaciones como el National Center for Missing and Exploited Children, End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, coinciden en que el delito señalado ha proliferado en el territorio nacional.
"Expertos estiman que 60 por ciento de la pornografía infantil en el mundo se produce en México. Según cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera, durante la pandemia aumentó 117 por ciento la producción y consumo de pornografía infantil", indicó.
"Se calcula que 21 mil niñas y niños son secuestrados anualmente en México para explotación sexual", refirió.
Por ello, indicó, es necesario modificar la ley penal para combatir el delito y las conductas que lo propician, es decir, la demanda y consumo de producciones que tienen como base la explotación sexual de menores de edad.