En San Lázaro, la sesión nocturna para debatir el “plan b” de la reforma electoral de AMLO, entra un receso, a pocos minutos de haber iniciado; antes, la Mesa Directiva turnó a comisiones las iniciativas del Ejecutivo Federal.
Este martes se abrió una segunda sesión ordinaria en San Lázaro, para dar trámite de fast track al “Plan b” de AMLO en materia electoral; la Mesa Directiva da cuenta de las iniciativas entregadas este martes por el titular de SEGOB y las turna a comisiones.
El paquete de cambios en materia electoral entregados en la Cámara de Diputados por el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), prevé entre otros ajustes, poner límites a decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
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Lo anterior, a fin de evitar que a partir de interpretaciones, limiten la libertad de expresión, derechos político electorales y la autodeterminación de los partidos políticos.
Pretende obligar al INE a liquidar sus dos fideicomisos, así como a entregar a la Federación los recursos involucrados.
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Propaganda gubernamental
Las nuevas disposiciones propuestas por el Ejecutivo, implican cambios a la Ley General de Comunicación Social, para definir lo que a su consideración, debe ser la propaganda gubernamental.
Señala que la propaganda serán los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al erario.
En esa definición, liberará a los servidores públicos para que, en ejercicio de la libertad de expresión y de sus funciones públicas, puedan hacer las manifestaciones que consideren, sin que éstas caigan en el supuesto de propaganda gubernamental.
En tanto, clasifica como violatorio de la ley, “la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos”.
Recortes y cambios estructurales en el INE
Contempla “compactar” la estructura orgánica del árbitro electoral y organismos electorales locales.
Elimina la “rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional”.
Obliga a los consejeros electorales y magistrados del Tribunal, así como a todos los funcionarios de ambas instituciones, a tener salarios menores al del Presidente de la República.
Los cambios señalan que el Sistema Nacional Electoral se fortalecerá, al contemplar “facultades concurrentes” al INE como “autoridad rectora” y de los organismos públicos locales (OPLE).
El proyecto señala que se “compactará” la estructura orgánica del INE y los OPLES, para que sean más eficientes, eficaces, económicos y transparentes.
También suprime el gasto en la franquicia telegráfica a favor de los partidos políticos.
Determina que se “unificará” el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el cómputo de la elección, que iniciará el día de la elección y las cifras que arrojen, se transmitirán en tiempo real.
Prevé cambios en el calendario electoral para “compactar procesos y racionalizar recursos”.
Indica que los “órganos centrales” se integrarán con los “desconcentrados” y los OPLES, a través de una “cadena única de mando”, con el fin de reducir el aparato burocrático.
Cambios TEPJF
En materia de justicia electoral, modifica el sistema de medios de impugnación, a través de una nueva ley en la materia.
Propone crear el Procedimiento Único de Queja en Materia Electoral, que se encargará de resolver los asuntos relacionados con la fiscalización y remoción de consejerías en los OPLES.
Establece que se conservará íntegro el procedimiento especial sancionador.
Desaparecen dos Salas Regionales del Tribunal Electoral y su Sala Regional Especializada, cuyas funciones serán ejecutadas por una “Sección Resultora” de la Sala Superior.
Marca que las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales no podrán condicionar el ejercicio de derechos o prerrogativas político-electorales de los ciudadanos, al solicitar requisitos adicionales.
Acciones afirmativas
La propuesta también contempla disposiciones para garantizar el voto de personas en prisión preventiva, personas con discapacidad que estén en “estado de postración”, el voto electrónico para mexicanos en el exterior.
Afirma que garantizará la paridad de género en elecciones de órganos colegiados, representación de grupos vulnerables con acciones afirmativas.
El documento de más de 300 cuartillas incluye modificaciones a 255 artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 48 artículos de la Ley General de Partidos Políticos.
Cambia por completo la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, modifica 29 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 29 artículos transitorios.
Artículos transitorios
En los artículos transitorios, las reformas señalan que los cambios no aplicarán en las elecciones de 2023, en Coahuila y el Estado de México.
Aclara que los módulos del INE, donde se tramitan las credenciales de elector seguirá funcionando de manera normal y tampoco se reducirán en número.
Señalan que entre enero y abril de 2023, el Consejo General del INE deberá determinar qué normas tendrá que ajustar antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, y proceder en consecuencia.
Agregan que a más tardar en abril del año entrante, el INE deberá tener listo el cálculo del costo de su reestructuración orgánica y planificará su ejecución, la cual tendrá que estar lista a más tardar el 1 de agosto de 2023.
Establecen que el pago de indemnizaciones por el recorte a personal y reducción de estructuras se cubrirá con los recursos de los fideicomisos de pasivo laboral y el de infraestructura inmobiliaria.
Cuando se hagan los pagos pendientes en su totalidad, los instrumentos financieros se extinguirán, se liquidarán y los remanentes, deben entregarse a la Federación.
Añaden que la Secretaría Ejecutiva del INE deberá revisar con las unidades administrativas, órganos delegacionales y subdelegaciones, qué estructuras orgánicas no están contempladas en la reforma, para reducirlas al “mínimo indispensable”.
Ponen como límite el 1 de mayo de 2023, para que el organismo emita las reglas de “compactación” de su estructura orgánica. En los recortes tendrá que incluir a la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la de Asuntos Internacionales, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática.
Ordenan que ante el cambio en las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, en cuanto entre en vigor la reforma, el titular en funciones quedará cesado. En esa área se nombrará un encargado de despacho y en mayo de 2023, al nuevo titular de la Secretaría.
Establecen que el Congreso de la Unión creará una comisión de estudio para implementar el voto electrónico, en un lapso de cinco años, deberá presentar resultados.