La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha iniciado su primer proceso con Estados Unidos como país acusado por la muerte de un migrante mexicano, Anastasio Hernández, fallecido por la intervención de agentes de migración estadounidenses en 2010 en San Diego.
Los familiares de la víctima demandan "verdad y justicia" tras el cierre del caso en 2015 a pesar de que había videos y testigos que demostraban que Hernández fue golpeado hasta la muerte.
Estados Unidos sostiene que hubo una investigación "por fiscales federales experimentados que determinaron que las pruebas eran insuficientes para presentar cargos penales".
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A Anastasio lo sometieron hasta la muerte
Sin embargo, María Puga, esposa de Anastasio, ha narrado ante los comisionados de la CIDH que se enteró por un oficial que su pareja estaba en el hospital, con muerte cerebral, el 29 de mayo de 2010, pero "nadie nos explicó qué había pasado".
"Me enteré de los detalles después, el día de su funeral", dijo. Cuando estaba en casa, en una televisión "se empezó a difundir un video, escuché los gritos de dolor de mi esposo".
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Dos años después, cuando tuvo acceso a un segundo video, "vi las imágenes de cómo mi esposo estaba rodeado de agentes, golpéandolo, torturándolo". "Le pusieron la pistola eléctrica, lo humillaron, le quitaron su ropa", dijo. Eran unos trece sujetos quienes lo agredieron y se presume que eran agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y Patrulla Fronteriza.
Brutalidad policial estadounidense
Puga ha explicado que al solicitar a la CIDH una revisión del caso se busca que "los oficiales involucrados y el gobierno pidan perdón a la familia por haber asesinado a mi esposo, que haya cambios en estas políticas de uso de la fuerza que tanto han hecho sufrir".
Durante la audiencia los representantes de la familia de Anastasio, de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley y de Alliance San Diego han denunciado el "encubrimiento" de las autoridades estadunidenses.
Thomas Hastings, representante interino de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha subrayado que tienen diferencias de opinión sobre que la CIDH admitiera este caso. El Gobierno en un acuerdo "pagó un millón de dólares (a la familia) para resolver todo tipo de reclamación de los actos u omisiones que dieron lugar al caso", ha recordado.