ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Adán Augusto López justifica gira para impulsar reforma sobre Fuerzas Armadas

Con la reforma, las entidades estarán obligadas a rendir cuentas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, advirtió el titular de la Secretaría de Gobernación.

Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
Adán Augusto López, secretario de Gobernación.Créditos: Cuartoscuro
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El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, advirtió que continuará de gira por los estados de la República para hacer frente a la desinformación respecto a la reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas.

En redes sociales, insistió en negar que el Gobierno Federal haya militarizado la seguridad pública.

Obligar a entidades a rendir cuentas

Compartió un fragmento de su intervención en uno de los congresos locales donde ya se presentó, para destacar que el objetivo de la reforma también es obligar a estados y municipios a rendir cuentas cada seis meses ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Será después de cumplir ese requisito, que podrán acceder al dinero a obtener de las cuentas bancarias “abandonadas” o sin movimientos en los últimos 6 años que las instituciones financieras gestionan, y prescribirán a favor de la Federación.

El fondo que se alimentará con esos activos, aún está en proceso de creación, ya que la reforma respectiva se encuentra a estudio en el Senado de la República.

Por esa vía, agregó, se pretenden contar con hasta 27 mil millones de pesos.

El secretario López Hernández afirmó que la mayoría de los recursos “congelados” están ligados al crimen organizado y otras actividades criminales.

Recursos para las Fuerzas Armadas

Los recursos, aclaró, serán entregados en primer lugar a las Fuerzas Armadas permanentes, es decir, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar), las cuales recibirán el 40 por ciento.

El 60 por ciento restante se repartirá proporcionalmente, dijo, entre estados y municipios.

Serán los congresos de los estados los encargados de determinar si la distribución de ese dinero inicia por los 50 municipios con mayores índices delictivos y problemas de seguridad o alguna otra modalidad.