Periodistas de a pie, camarógrafos, fotógrafos y comunicadores desplazados por la violencia y las amenazas en su contra, se reunieron la noche de este martes para exigir justicia para Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa Arenas y Margarito Martínez, asesinados en los primeros días de este año.
No son los únicos y por ello los rostros de cada comunicador asesinado en este país, que es considerado como el más peligroso para ejercer el periodismo, fue proyectado en la fachada de la Secretaría de Gobernación al grito de ¡Justicia! Y en exigencia de que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizar la vida de los que se encuentran amenazados.
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Ángel Armando Castellanos, reportero, recordó que tan solo en lo que va del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se han documentado los homicidios de 28 comunicadores y en los primeros 23 días de este año se sumaron tres más, dos de ellos en Tijuana.
Del 2000 a la fecha la cifra ya alcanza 148 asesinatos de periodistas relacionados con su labor.
Por su parte, el activista y periodista Themoris Greco agregó que la violencia de estado coludida con la delincuencia organizada ha obligado a periodistas a desplazarse por las amenazas y por ello este tipo de delitos deben tocar las fibras de la sociedad porque muestran que se ha roto el tejido social en todo el país.
Una periodista desplazada de Tijuana, ofreció su testimonio sobre la grave situación de violencia en contra de la prensa y destacó como en tan pocos días han tenido que cubrir los asesinatos de sus compañeros y el miedo que tienen de realizar su labor diaria de informar.
En al menos una treintena de ciudades del país periodistas se manifestaron con velas, fotos, en mítines o marchas para exigir principalmente, que las autoridades hagan algo por detener la violencia contra la prensa, ello bajo la premisa: Periodismo en Riesgo, Movilización Nacional y para exigir que éstos y los demás homicidios no queden en la impunidad como más del 95% de los casos.
Por ello, han exigido a las autoridades estatales y federales que se restituyan sus garantías básicas de seguridad para el ejercicio de su profesión, que el Mecanismo de Protección cumpla su función de garantizar la vida de los comunicadores amenazados y principalmente, que el derecho y acceso a la libertad de expresión sea una realidad en el país.