La Fiscalía General del República (FGR) sufrió un revés en el proceso penal que se inició en contra de 16 ex funcionarios del sistema penitenciario federal.
El Ministerio Público les imputó los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa, debido a irregularidades cometidas en los procesos de adjudicación, contratación y construcción de ocho penales federales.
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Sin embargo, tras una audiencia de seis días, el juez de control con sede en el Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, desechó la acusación, debido a que los delitos prescribieron en el 2020, en ese año, un juez libró una orden de aprehensión contra el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
La FGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI/CDMX0000611/2020, donde mencionó que los ex servidores públicos presuntamente pagaron un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 mil millones de pesos para la construcción y prestación del servicio en los centros de reclusión de Michoacán, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Coahuila y Morelos.
Entre las personas implicadas en estos hechos se encuentran el general Salvador Camacho Aguirre, ex mando de la Policía Federal que participó en los operativos realizados en Tanhuato y Nochixtlán.
El ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, y quien en esta administración se desempeñó como coordinador de prisiones federales. También su antecesora en el cargo, Celina Oseguera Parra.
Miguel Vital Hernández, ex director general adjunto de la Dirección General de Administración del Órgano Administrativo; Raúl Gerardo Lemus Soto, ex director de apoyo operativo; Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del OADPRS y Antonio Molina Díaz, ex coordinador general de prevención y readaptación social, también fueron beneficiarios con la determinación del juez.
Además de Paulo Uribe Arriaga, señalado como presunto responsable de la fuga de Joaquín, El Chapo, Guzmán del penal de El Altiplano, el 11 de julio de 2015.
El resto son el ex oficial mayor de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal, Sergio Montaño Fernández y Arturo Sosa Viderique, quien fue director general de administración del OADPRS, así como Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de adquisiciones de los centros federales.