El gobierno de México se comprometió a atender puntualmente la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Digna Ochoa y refrendó los compromisos y los acuerdos alcanzados con la familia de la defensora de derechos humanos respecto a la reparación del daño y garantías de no repetición.
Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, emitieron un comunicado conjunto donde dieron a conocer que el gobierno mexicano ya fue notificado formalmente de la sentencia.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró a México responsable internacionalmente por los errores que tuvieron lugar en la investigación sobre la muerte de Ochoa y Plácido ocurrida el 19 de octubre de 2001.
El gobierno de México dijo que estudiará con atención las disposiciones del Tribunal Interamericano, a fin de cumplir en el marco de sus obligaciones a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Corte concluyó que la muerte de Digna Ochoa se inscribió dentro de un contexto generalizado de impunidad por los homicidios de defensores de derechos humanos que ocurrían en la época en la cual ocurrieron los hechos.
Además de que vino precedida de años de amenazas ejecutadas contra ella.
Asimismo, consideró que la investigación "absolutamente deficiente" de su muerte por parte de las autoridades mexicanas, no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon su fallecimiento.
El 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa fue encontrada sin vida por su compañero laboral Gerardo González en el despacho de la organización "Servicios Legales de Investigación y Estudios Jurídicos A.C.", ubicado en la calle Zacatecas 31, Colonia Roma, en la Ciudad de México.