En la Cámara de Diputados durante el cuarto foro del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica planteada por el Presidente de la República, se confrontaron el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, otros funcionarios federales y los legisladores de la mayoría, con los representantes del sector empresarial que acudieron al llamado y con los congresistas de oposición.
Bartlett Díaz, que reviró a las preguntas de los congresistas, con otros cuestionamientos calificó como un "atraco" la reforma eléctrica de 2013.
Aseveró que los contratos y permisos otorgados al amparo de esa norma y los acuerdos previamente emitidos alrededor de 1992, durante el sexenio del entonces presidente Carlos Salinas, no solo son ilegales, sino inmorales, son simulación y verdaderos "monopolios privados".
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La ley vigente, remarcó, representa la "destrucción sistemática" de la Comisión, que fue fracturada en filiales que compiten entre sí, y convertirla en "trampolín" de intereses privados a los que encima de ello, subsidia.
Apuntó que los sistemas de autoabastecimiento son ilegales, han generado "monopolios regionales" e internacionales, y las llamadas energías limpias, se convirtieron en un gran negocio a costa de CFE.
No habrá modificaciones: Bartlett
A preguntas de los legisladores y ante comentarios que "ha escuchado", respecto a si el planteamiento del Primer Mandatario podría tener modificaciones para generar consensos y lograr la votación reglamentaria de mayoría calificada, tajante, dijo que no hay lugar para enmiendas.
"En los planteamientos que aquí se han manifestado, que por qué no las hacemos un poquito, una correccioncilla, que podemos ponernos de acuerdo en algo pequeño. Nada más que lo que yo estoy presentando es la verdad y la verdad es que la reforma de Peña Nieto es indefendible, pero además de ser indefendible, es insostenible", atajó.
Sin apagones
El director de la empresa productiva negó que con la iniciativa a discusión el país vaya a sufrir un gran "apagón", por el contrario, se recuperará la rectoría del Estado en el sector eléctrico y se frenará la intención de desaparecer a esa instancia, como se planeó en 2013.
"Confío en que se va a aprobar para evitar el desastre que hemos descrito, no va a haber ningún apagón. Le voy a decir por qué, la reforma de Peña Nieto se tardó en implementar todas las leyes secundarias, los manuales, toda esta cosa que se tardaron tres años (\u2026) aquí cuando voten ustedes, ese mismo día el Estado toma control del sistema eléctrico nacional", afirmó.
Bartlett evade hablar del costo de la reforma y baja en tarifas
Ante las insistentes preguntas de integrantes de la oposición, sobre el costo monetario de la reforma, por la cancelación de contratos y el pago de indemnizaciones a quienes acudan a tribunales; y sobre cuánto bajarán las tarifas a los usuarios si las modificaciones se aprueban, el director también insistió en evadir la respuesta.
Con explicaciones reiteradas respecto a que lo importante de la reforma no es cuánto costará implementarla y si ello impactará en las finanzas públicas, sino valorar el costo de la desaparición de CFE y de que el estado no tenga el control de sus recursos estratégicos como la electricidad, Bartlett Díaz se fue del recinto sin dar una cifra ni un estimado.
Cuánto cuesta el sistema eléctrico construido desde 1936, cuándo cuesta el saqueo por intereses extranjeros, inquirió.
Se quejó de que los legisladores le preguntaran una y otra vez respecto al monto en que podrían bajar las tarifas eléctricas y tampoco habló de ninguna proyección ni parámetro.
Se limitó a señalar que, según los "jurídicos" de la CFE no habrá violaciones al T-MEC, a otros acuerdos comerciales ni al derecho de los inversionistas.
Los contratos por cancelar son ilegales desde el punto de vista del Ejecutivo, por lo que no habrá consecuencia judicial, y en caso contrario, el Estado tiene amplia capacidad de actuar legal y económicamente, expuso.
Negó que la Suprema Corte de Justicia haya avalado a los generadores de autoabasto, a quienes insistió en llamar ilegales, porque si su "naturaleza" es esa no podrían vender energía a clientes que son los grandes consumidores que no pagan a CFE, de lo contrario violan la ley. El caso es el mismo, dijo, de los productores independientes que generan "excedentes ilegales".
Empresarios no son enemigos, quieren construir
En respuesta, por el sector empresarial, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), José Abugaber, reiteró que los empresarios no son enemigos del Gobierno, consideran que la reforma a la Constitución no es necesaria y si algún inversionista ha violado la ley, que sea sancionado.
"Los autoabastos renovables son solo el 3 por ciento de la generación, no podemos magnificar algo como si estuviera siendo el 100 por ciento de la energía (\u2026) si alguien está haciendo mal, nosotros como empresarios no vamos a defenderlos ni vamos a estar cobijándolos" dijo.
Esto, tras advertir en sentido figurado que, si la autoridad quiere quitar "del árbol" las "manzanas podridas", puede hacerlo pero si corta todo el árbol, no habrá más frutos
El ponente pidió insistentemente al director Bartlett, a los legisladores del bloque mayoritario y otros participantes a favor, que no se "equivoquen", porque los empresarios no quieren violar la ley y lejos de destruir a CFE, lo que necesitan es construir condiciones de certeza para sus negocios, el empleo y el país.
La discusión, apuntó, no debe versar sobre quiénes son buenos y quiénes son malos, sino sobre la construcción de un sistema eléctrico adecuado para el Estado y para los sectores productivos que, si no pagaran a la Comisión, ésta no tendría ninguna ganancia.
En cuanto a las decisiones de jueces que han otorgado amparos a quienes han impugnado los acuerdos y lineamientos impulsados por el Primer Mandatario, señaló que ello demuestra que las condiciones actuales son legales, y en consecuencia, un cambio constitucional es innecesario.
Reclamo al CCE
Aunque estaba incluido en la lista de ponentes, el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelí, no acudió.
Por ello, se llevó un reclamo público del presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Rubén Moreira, quien recordó que el encuentro realizado la tarde y noche de este miércoles, cambió de fecha y hora, ya que se llevaría a cabo el pasado martes.
Se modificó el calendario del parlamento por su causa y pese a ello, "desairó" a los legisladores, enfatizó el diputado Moreira Valdez.