El 13 de marzo de 2011, el Senado de la República declaró ilegal permitir el envío de armas desde los Estados Unidos a México, esto como consecuencia de la Operación Rápido y Furioso, un operativo entre ambos países ideado para identificar a traficantes de armas de fuego fabricadas en el país vecino y rastrearlas hasta los grupos delictivos que cometían crímenes en territorio nacional.
Derivado de esto, el 9 de enero la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas involucradas en el tráfico ilegal de armas.
En la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), se pudo establecer la presunta responsabilidad de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien, durante un largo lapso, fue líder de la organización delictiva destinataria de las armas, señaló la dependencia en un comunicado.
Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis Cárdenas Palomino, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía; y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México.
Mientras que contra Genaro García Luna existen dos órdenes más de aprehensión, dictadas por jueces mexicanos, que han motivado la solicitud de extradición a territorio mexicano de dicho individuo, agregó la Fiscalía.
¿Cómo surgió la Operación Rápido y Furioso?
La Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte del Senado de la República elaboró un dictamen en 2015 al Punto de Acuerdo sobre los casos de tráfico de armas que llevaron las agencias de seguridad de Estados Unidos hacia México, donde detalla cómo surgió y cómo se llevó a cabo la operación que resultó ser más polémica que efectiva.
El plan Rápido y Furioso fue parte de la Iniciativa Mérida, que consistía en permitir la entrada de armas estadounidenses con chips de rastreo a territorio mexicano como estrategia para combatir al crimen organizado y la violencia que azotaba al país.
La operación a cargo de la Agencia de Control de Armas, Tabaco y Alcohol del Gobierno de los Estados Unidos (ATF por sus siglas en inglés) facilitó la entrada de alrededor de 2 mil 500 armas a territorio nacional que fueron compradas ilegalmente en Estados Unidos, entre 2006 y 2011, durante la administración del expresidente Felipe Calderón.
La Operación Rápido y Furioso se hizo pública hasta finales de 2010, fue entonces que el Gobierno de México demandó aclarar los alcances y las implicaciones de esta, de acuerdo con el dictamen del Senado de la República.
"Esta operación confirmó la porosidad y corrupción que privan en las aduanas mexicanas, carentes de una política de seguridad, pues el énfasis es estrictamente fiscal. La modernización de las aduanas en materia de seguridad es un pendiente de los gobiernos del PRI y el PAN desde la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio", agrega el dictamen.
¿Cómo salió a la luz la operación Rápido y Furioso?
Los cárteles de México ubicaron los localizadores en las armas y se los quitaron, con ello se las apropiaron sin dejar huella. Sin embargo, en 2010, dos de los rifles de asalto salieron a la luz en un tiroteo en la frontera entre Sonora y Arizona, donde murió un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Un año después, otra arma apareció en San Luis Potosí, donde fue asesinado otro agente estadounidense, miembro de la Oficina de Inmigración y Aduanas. En marzo de ese año, en el Senado se discutió el descubrimiento y se declaró ilegal el permitir el envío de armas desde Estados Unidos hacia México.
Ese mismo año, autoridades de México y Estados Unidos lograron recuperar 567 armas de fuego de las más de 2 mil que dejaron pasar ilegalmente, así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BATF, por sus siglas en inglés).
Actualmente, el caso volvió a ser tendencia en redes sociales tras el comunicado de la Fiscalía General de la República de las siete órdenes de aprehensión, entre ellas la del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna.