Roselia Abarca Velázquez y Cirilo Lara Brito, hermana y cuñado del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, aún son considerados prófugos de la justicia, ya que cuentan con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el expediente judicial, el mandamiento fue librado el 5 de abril de este año por el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México.
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Por este motivo, el matrimonio promovió un juicio de amparo, ya que argumentaron que la orden se libró "sin atender, pruebas supervenientes que no habían nacido a la vida jurídica, y que se aportaron oportunamente, en la revisión ante el Quinto Tribunal Colegiado".
La juez de distrito admitió a trámite la demanda de garantías, pero solo les otorgó el carácter de prueba documental, debido a que fueron exhibidas después de librarse la orden de aprehensión y de presentado el amparo.
Roselia Abarca y Cirilo Lara mencionaron que con las pruebas supervinientes buscan demostrar que las acusaciones "fueron elaboradas y obtenidas para inculpar a terceros, pero no reflejan la verdad de los hechos".
El matrimonio pretendía demostrar la procedencia de 10 millones de pesos que supuestamente les fueron donados por uno de sus suegros, por lo que exhibieron copias de escrituras públicas.
Indicaron que es falso que hayan recibido dinero de procedencia ilícita de alguna persona, ya que su capital es el fruto de su "trabajo honrado" que han realizado durante más de 40 años, el cual se incrementó con las donaciones que recibió de su padre el 16 de julio de 1999 y el 30 de mayo de 2004, cada una en cantidad de cinco millones de pesos.
Según las investigaciones que realizó en su momento la entonces Procuraduría General de la República (PGR) existían testimonios que aseguraban que Roselia era maestra y Cirilo un comerciante, quienes amasaron una fortuna en poco tiempo.
En la indagatoria iniciada en el sexenio pasado se enumeraron 31 inmuebles valuados en más de 8 millones 330 mil pesos, todos de su propiedad, entre los que hay joyerías, pero que según la dependencia no había registros de compraventa ante las autoridades hacendarias. También les adjudicaron transferencias millonarias.