En México, entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos; sin embargo, las instituciones del Estado mexicano carecen de un diagnóstico del problema, desconocen su magnitud, así como sus principales causas y efectos.
De acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) las desigualdades sociales, la falta de oportunidades, los diversos tipos de violencia de los que son víctimas, la deserción escolar y el acceso a drogas son algunos de los factores que han facilitado la captación de menores en actividades delictivas.
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El documento establece xpli, toda vez que también están presentes las familias delictuales y las pandillas.
Según el estudio, en todas las entidades hay menores en riesgo; no obstante, el 55 por ciento de la población en esta situación se concentra en siete estados: Estado de México (9.7%), Jalisco (8.6%), Chiapas (8.1%), Puebla (7.8%), Guanajuato (7.3%), Veracruz (7.2%) y Michoacán (6.5%).
Al respecto, destacan los casos de Puebla y Michoacán, debido a que son las entidades con mayor porcentaje de su población menor de edad en riesgo de sumarse a las filas de grupos delictivos.
En este sentido, la REDIM destacó que el marco legal en México es débil, ya que el reclutamiento no está tipificado y se considera una forma de trata de personas. Por ello, es necesaria la tipificación de esta conducta para darle visibilidad al tema, para reconocer el papel de los grupos delictivos y fincarle responsabilidades como autores de tal delito y para proteger a niñas y niños que son al mismo tiempo víctimas.
Ante ello, el ONC y la REDIM recomiendan que las Fiscalías diseñen estrategias de seguimiento e intervención con personal ministerial enfocadas a la sistematización de carpetas de investigación y casos en los que se haya identificado a menores de edad involucrados en actividades delictivas.
Del mismo modo, se deben diseñar programas y acciones que busquen erradicar situaciones de vulnerabilidad específicamente en los casos en que no asisten a la escuela o no están protegidos sus derechos; se encuentren en el mercado laboral o en un contexto de alta incidencia delictiva e inseguridad.