Luego de que se filtrara información sobre la acusación penal de asociación delictuosa en contra de 31 científicos y académicos, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, sostuvo que desconoce la denuncia de hechos, que ayer por la noche este organismo, reconoció, hizo a través Unidad de Asuntos Jurídicos ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control.
En entrevista previa a su participación en la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I, la funcionaria fue cuestionada sobre estas acusaciones, a lo cual respondió que no sabía de qué se le hablaba, aunque agregó que no iba a acusar a nadie.
"(¿Exactamente de qué se les acusa, se les acusa de delincuencia organizada? Usted debe saber). No sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, a acusar absolutamente a nadie”.
Al insistirle sobre el tema, María Elena Álvarez-Buylla, indicó que el Conacyt no tiene las facultades para hacer algún señalamiento de este tipo y su respuesta quedó inconclusa, pues uno de sus colaboradores se acercó para retirarla.
“Nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad, ni\u2026", comentó.
Cabe destacar que ayer en un comunicado el Conacyt calificó estas "órdenes de aprehensión en contra de científicos" como una "ola concertada de desinformación en medios y redes sociales" que tiene la intención de crear confusión, polarizar y generar incertidumbre o temor en la comunidad científica.
Asimismo el organismo reconoce que luego de que en 2019 tuvo un diálogo infructífero con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico que exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos y de que este rechazara una oferta más modesta de recursos para sus operaciones, y que a cambio interpuso un recurso de amparo y judicializó el caso, comenzó una batalle legal en la que "se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt".
En consecuencia, señala que la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control.
En este sentido precisa que "ante cualquier presunto acto indebido en agravio del erario y posible daño patrimonial, es obligación jurídica y ética del Conacyt el hacerlo de conocimiento de las autoridades competentes, tanto administrativas como penales. Son éstas, y no el Conacyt, quienes cuentan con las atribuciones para investigar y dar el seguimiento jurídico que corresponda. Las acciones que emprendan estas instancias no son responsabilidad ni atribución del Conacyt".