En el periodo que comprende del 2014 a 2019, la impunidad administrativa a nivel federal, es decir, funcionarios que no fueron sancionados, fue de más del 80 por ciento, lo anterior de acuerdo con una investigación realizada por Impunidad Cero.
Darío Ángeles, investigador de dicha organización, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la entidad con el mayor nivel de impunidad, al alcanzar el 100 por ciento; el Poder Judicial federal es el que mejor sanciona a sus servidores públicos.
Información relacionada: Prevalece en México la tortura como patrón de represión: CCTI
"La impunidad administrativa para cada uno de los poderes federales, encontramos una impunidad en el Poder Ejecutivo del 80.77 por ciento; el Legislativo una impunidad del 52.83 por ciento; la más baja que encontramos a nivel federal fue la del Judicial con una impunidad del 14 por ciento, significa que es el poder federal que mejor sanciona a servidores públicos y en la FGR una impunidad del 100 por ciento, es decir, que no se sancionaron ninguno de los casos denunciados para faltas administrativas".
Impunidad se redujo… porque bajaron las denuncias
De acuerdo con el estudio de Impunidad Cero, la impunidad administrativa en el Poder Ejecutivo federal se redujo de 92.25 en 2018 a 84.80 por ciento en 2019, aunque en ese mismo periodo bajaron considerablemente las denuncias.
En el Poder Ejecutivo se reportaron 906 mil 156 denuncias en contra de servidores públicos; seguido por el Poder Legislativo con mil 643; el Poder Judicial con 522 y en la FGR 268, de las cuales ninguna fue sancionada.
Darío Ángeles destacó que la sanción más recurrente fue la suspensión, mientras que las multas solo fueron del 6 por ciento.
"La sanción más aplicada a nivel federal fue la suspensión, es decir, aquellos casos en los que se determina que una persona servidora pública va a ser suspendida temporalmente del empleo; seguido de las inhabilitaciones que son aquellos casos en los que se le prohíbe a la persona desempeñarse como servidora pública durante un tiempo después de la sanción, esas andan en 26 y 22 por ciento, y luego tenemos amonestaciones privadas y amonestaciones públicas que son llamadas de atención sobre personas servidoras públicas con un 27 y 19 por ciento".
Según los hallazgos de la investigación, se observa una disminución sustancial del número de entradas reportadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019, año en el que se reportaron 90 mil 28 frente a 242 mil 514 en 2018 y 163 mil 36 en 2017.
Aunque no existen datos para precisar el porqué de la disminución, esto puede deberse a dos factores: que existan menos conductas irregulares que denunciar, o que existan factores externos por los cuales no se están presentando denuncias en contra de los servidores públicos. Sin embargo, la impunidad administrativa persiste.