Designan nuevo magistrado de la Sala Constitucional del TSJ-CDMX

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Rogelio Antolín Magos Morales es el nuevo magistrado integrante de la Sala Constitucional del Poder Judicial capitalino, en un proceso de votación transparente en el Pleno de Magistrados en el que obtuvo 73 sufragios, efectuado en sesión pública.

El magistrado Magos Morales, integrante de la Tercera Sala Penal, fue el único candidato que se registró en la convocatoria emitida con el propósito de ocupar una vacante en ese órgano.

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Sin embargo, la votación tuvo que llevarse a cabo para cumplir la disposición legal de obtener la mayoría simple de votos de sus pares presentes, cuya asistencia fue de 76.

Tras contabilizarse los sufragios emitidos y alcanzar 73 votos, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, hizo la declaratoria formal de Magos Morales como nuevo integrante de la Sala Constitucional, y enseguida rindió la protesta de ley.

Derivado de las medidas de sanidad adoptadas por el PJCDMX con el fin de evitar contagios del Covid-19, la sesión pública del Pleno de magistradas y magistrados se desarrolló de manera híbrida, pero para emitir su sufragio los togados presentes de manera virtual se trasladaron al salón de plenos, con las precauciones del caso.

Una vez que concluyó la votación, la secretaria de Acuerdos del Pleno dio fe del recuento público de los sufragios, los cuales se emitieron de manera libre y secreta en mampara. Se registraron tres votos nulos.

El magistrado Magos Morales es licenciado en Derecho egresado de la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la UNAM, y cuenta con una trayectoria de 38 años en el TSJCDMX.

El magistrado Magos Morales se integra a la Sala Constitucional, que actualmente la preside el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, y la conforman las magistradas Adriana Canales Pérez, Sara Patricia Orea Ochoa, Cruz Lilia Romero Ramírez, así como los magistrados Eduardo Alfonso Guerrero Martínez y Jorge Ponce Martínez.

A la Sala Constitucional le corresponde resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, así como acciones por omisión legislativa y acciones de cumplimiento en contra de titulares de poderes públicos, organismos autónomos y las alcaldías.

Ese órgano también conoce de la impugnación de resoluciones definitivas emitidas por jueces de tutela de derechos humanos y en contra del procedimiento de referéndum.

@amarilloalarcon