El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicación revocó las primeras suspensiones provisionales que concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), al argumentar que aún no existen las reglas para cumplir con el registro.
Por mayoría de dos votos, los magistrados consideraron fundado el recurso de queja que promovió la Presidencia de la República, con lo cual le negaron la medida cautelar a Norma Olivia Araiza Martínez, Hilda Judith Rosales Figueroa, Evelin Mariana Padilla Jim y a Guillermo Pérez de León Saldaña.
En su resolución, los juzgadores consideraron que si bien las normas que se reclaman, ya entraron en vigor, lo cierto es que no se advierte la existencia de un acto inminente y cierto susceptible de ser suspendido, pues hasta este momento existe una condicionante implícita en la ley, dado que se encuentran transcurriendo los plazos de dos años y seis meses para que las concesionarias y autorizados realicen las actividades necesarias para cumplir con el registro de los usuarios y, para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emita las disposiciones de carácter general.
Indicaron que si bien la vigencia de las normas genera la obligación de registrar las líneas telefónicas móviles y establecen la consecuencia jurídica de incumplir con dicho deber, lo cierto es que no basta con que la norma esté en vigor, sino que sus efectos o consecuencias se produzcan inmediatamente, pues el objeto de la suspensión es mantener viva la materia de del juicio y evitar los perjuicios que le pudiera ocasionar al quejoso la ejecución del acto reclamado.
Cabe recordar que la semana pasada, el juez Gómez Fierro informó que la Presidencia de la República y la Cámara de Diputados ya interpusieron los recursos de revisión para impugnar las suspensiones definitivas que les concedió a Óscar González Abundis y a Gustavo Alejandro Uruchurtu Chavarín, quienes fueron los primeros ciudadanos que se ampararon contra el PANAUT.