La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados llevó a cabo la mesa de trabajo virtual y de participación limitada, donde ocho expertos propuestos por las fracciones parlamentarias, plantearon consideraciones a favor y en contra de la reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el Ejecutivo Federal.
Después de esa única ronda de análisis, se prevé que la Comisión cite a sus integrantes para dictaminar el proyecto, lo que podría ocurrir la semana entrante.
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Al iniciar el encuentro, el presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro y legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Rodríguez, afirmó que el proyecto presidencial no toca contratos con empresas privadas vigentes, sólo hace ajustes en el régimen de permisos y sanciones con el fin de combatir el robo de combustibles y penalizar a quienes incumplan o violen la ley.
Invitado por la fracción morenista, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Nicolás Domínguez, defendió la propuesta.
Afirmó que no busca expropiar a permisionarios privados, sino que aclara las condiciones y requisitos para mantener o bien, perder permisos del sector hidrocarburos, a través de la revocación y suspensión establecidas por las autoridades competentes, en este caso, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El experto calificó como adecuado que se integren al ordenamiento razones de seguridad nacional, seguridad energética y afectación a la economía nacional, para mantener o suspender temporalmente permisos. ¿Quién puede oponerse?, cuestionó.
"Esta ley trata de aumentar la seguridad, independencia y soberanía energéticas, detener el contrabando y huachicoleo que lacera a toda la sociedad, y que tengamos los combustibles y los petroquímicos que pagamos, que necesitamos y que merecemos en nuestra vida diaria", expresó Domínguez Vergara.
Consideró que las disposiciones no son excesivas ni contemplan la "expropiación" que han acusado los críticos del planteamiento; tampoco modifican de fondo la norma vigente, y por lo tanto, no resultará inconstitucional.
De hecho, apuntó el investigador, la propuesta del Ejecutivo no contempla nada nuevo, más que dar la importancia debida a la seguridad nacional, energética y económica para garantizar la suficiencia energética en el país.
"Cuando se prevé peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, se refiere únicamente a suspensión del servicio, no la revocación ni hay referencia a expropiación, que sí se menciona en el artículo 58. Cuando se preverá un peligro inminente para la seguridad nacional, etcétera, ha estado en el artículo 58 (constitucional) desde el año 2014, no es nuevo, lo aprobaron legisladores del PAN, del PRI, del PRD, en ese entonces", apuntó, pese a que la reforma energética aprobada en diciembre de 2013, fue votada en contra por los legisladores del Sol Azteca.
Apuntó que la iniciativa del Ejecutivo hace énfasis en que los riesgos de seguridad nacional y energética, son fenómenos geopolíticos, como la decisión del estado norteamericano de Texas de no vender gas a México, así como las heladas registradas en la temporada invernal.
Afirmó que la intervención del Estado en permisionarios no es una expropiación, porque se trata de una medida temporal, no implica la revocación sino sólo la suspensión de permisos, y da la opción al afectado, de subsanar o remediar las irregularidades cometidas.
Invitado por la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), el ingeniero César Humberto Cadena, presidente del Consejo de Administración de Grupo Energéticos y del Clúster Energético de Nuevo León, coincidió con el especialista invitado por la mayoría, en que los inversionistas del sector no se oponen al combate al robo de combustible, y a que las leyes se apliquen en sus términos.
Lo que preocupa de la iniciativa presidencial, es la incertidumbre y el riesgo de "expropiación" a permisionarios y su infraestructura, y que sólo empresas productivas del Estado podrían hacerse cargo de la operación de las instancias "intervenidas", por presuntas amenazas a la seguridad nacional o energética, lo que generaría condiciones monopólicas que van contra la libre competencia, externó.
"Nosotros lo que sentimos es un temor de que algunos artículos de expropiación o requisa queden discrecionales. Entonces, el artículo 57 como está planteado dice: en relación con los permisos a que se refiere esta ley, la autoridad que lo haya expedido podrá llevar a cabo la ocupación temporal, la intervención o la suspensión. Nosotros lo que pedimos nada más que se aplique la ley, para no dejarlo discrecional", remarcó.
Invitados por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), los maestros Raúl Pérez y Rosanety Barrios, alertaron que la propuesta afecta la libre competencia económica, provocaría arbitrariedades al asignar facultades que no corresponden a autoridades como la SENER y la CRE; podría derivar en anomalías legales como la aplicación retroactiva de la ley.
También genera preocupación por una eventual afectación a la seguridad jurídica en materia de política de almacenamiento de hidrocarburos; afecta derechos de terceros a competir, ya que prevé la contratación preferente de empresas productivas del Estado, elementos que configuran violaciones al texto constitucional.
Incluye supuestos y conceptos ambiguos que darían paso a la discrecionalidad en la aplicación de la ley, en especial lo referente a las amenazas y riesgos en materia de seguridad nacional, energética y económica, como motivos para suspender permisos; aunado a que la propuesta no marca plazos específicos para la aplicación de dichas medidas "temporales".
Contrario a lo que afirmaron los invitados de los legisladores de la mayoría, remarcaron los especialistas, los cambios en análisis no son cosméticos ni secundarios, sino que podrían tener serios efectos legales y económicos para el país.
Invitada por el Partido del Trabajo (PT), Silvia Ramos, quien dijo ser trabajadora de PEMEX, indicó que suspender permisos por robo de combustibles, por no cumplir con la capacidad necesaria para almacenar combustibles; ante amenazas a seguridad nacional, energética y económica; así como privilegiar la contratación de empresas productivas, no debe generar preocupación en ningún inversionista que cumpla la ley.
La especialista afirmó que la energía es un asunto de seguridad nacional y por lo tanto, no debe estar sujeta a las leyes del mercado, por lo que se exige su nacionalización.
Por el contrario, la experta Abril Moreno, invitada por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC), sentenció que por resultar inconstitucional, de ser aprobada la reforma, terminará en tribunales, como sucedió con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.