La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular, la reforma a la Ley de Hidrocarburos propuesta por el Presidente de la República.
La norma prevé la revocación de permisos a participantes en el sector, por incumplimiento de la ley, reincidencia y robo de combustibles.
Contempla la suspensión de permisos por inminente peligro a la seguridad nacional, seguridad energética y la economía nacional.
Al avanzar en San Lázaro, el proyecto será enviado al Senado de la República.
La votación en lo general fue de 292 votos a favor, de la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados; 153 en contra, del bloque de oposición y 11 abstenciones.
La votación particular fue de 271 a favor, 134 en contra y ocho abstenciones.
Los diputados discutieron por casi 12 horas, en las que rechazaron una tras otra, 103 reservas con propuestas de modificación.
El proyecto del Ejecutivo Federal quedó prácticamente intacto, aunque se le agregaron precisiones en materia de suspensión de permisos, con el fin de respetar los derechos de los involucrados y darles oportunidad de corregir fallas o probar su capacidad.
Contempla la intervención de los permisionarios por parte de la autoridad federal en el ramo, y que PEMEX asuma su operación, para lo cual, podrá mantener al personal contratado por el permisionario, designará personal propio, o podrá emplear ambas opciones.
En el debate, la mayoría afirmó que los cambios garantizan la seguridad energética, y fortalecerán la participación de PEMEX en el sector hidrocarburos.
La oposición acusó inconstitucionalidad en las disposiciones y advirtió que terminarán en tribunales, como sucedió con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Energía de San Lázaro, Manuel Rodríguez, refrendó que se garantizará la soberanía y suficiencia energética, se respetarán los derechos de los permisionarios que puedan ser sancionados.
Tendrán la oportunidad de demostrar que cumplen los requisitos de ley, o bien, de remediar las causas que originaron la suspensión de permisos.
Prevé incrementar la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, para que el país pueda hacer frente a contingencias o emergencias generadas por causas geopolíticas o climáticas. Ello, al integrar al texto legal, la Política de Almacenamiento.
"Para actuar eficazmente ante escenarios de desabasto, el Estado como garante de la soberanía energética, debe contar con mecanismos para establecer la suspensión de los permisos y mantener la suficiencia energética. Se garantiza seguridad jurídica al permisionario, ya que podrá solicitar la terminación de la suspensión cuando demuestre que las causas que lo ocasionaron, ya fueron subsanadas, erradicadas o desaparecidas".
Ante las críticas y advertencias de las fracciones de oposición sobre los efectos negativos de la reforma, como controversias legales, violación a acuerdos comerciales internacionales, falta de certeza jurídica para el inversionista, encarecimiento de combustibles e incluso expropiación indirecta de empresas, los legisladores de mayoría respondieron.
"Aquí no estamos diciendo que le vamos a quitar a nadie un permiso o una concesión por 12 mil pesos o por 19 mil pesos y que tienen 48 horas para sustituir al permisionario, al concesionario, que tanto aplauden cuando se trata de su faccioso órgano electoral. No, se está garantizando el debido proceso, no se está expropiando a nadie, se está fortaleciendo a su empresa, les informo que son mexicanas y mexicanos", atajó el vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández.
"Esta reforma nacerá muerta, es violatoria de varios principios y derechos constitucionales. Es violatoria de tratados internacionales y es una modificación que va a aumentar la incertidumbre en el sector hidrocarburos y con ello, en la economía nacional", sentenció el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Justino Arriaga.
"Pero esta ley es inconstitucional, veremos de nueva cuenta saturados tribunales, juzgados y a la Corte, con recursos de todo tipo para echarla abajo y ¿saben qué?, se caerá también, esta ley está provocando más perjuicios", agregó el integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Ortega.
En tono irónico, el diputado de Morena, Pablo Gómez coincidió en que los cambios al sector hidrocarburos sí afectarán a los permisionarios, pero será a quienes no cumplan la ley.
"¿Hace daño a algunos? Probablemente. ¿A quién va a hacer daño esta ley?, pues a los que violan la ley, a los tramposos, a los que dan litros que no son de a litro, a los que contrabandean hidrocarburos, a los que engañan al fisco, a los que le toman el pelo al país entero, incluyendo a los de la oposición que tanto los defienden. ¡Tenemos aquí unas bancadas de oposición que son al parecer, de las mafias huachicoleras!", lanzó el diputado Gómez Álvarez.
El prolongado debate en San Lázaro se centró en los argumentos políticos más que en los detalles técnicos.
La mayoría echó en cara a la oposición, la aprobación de la reforma energética vigente, que debilitó a PEMEX y generó gasolinazos; así como el pago de sobornos por la aprobación de esos cambios legales, lo que ya llevó a prisión a un exsenador de la República y militante del PAN.
También acusó a los legisladores de PAN y PRI, de ser "empleados" y defensores de empresas trasnacionales del sector energético.
Incluso, hicieron referencias al tema de la cancelación de candidaturas al partido Morena, y hasta del empujón del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles a un manifestante.
La oposición respondió con la reiterada advertencia de que lo aprobado afectará la competencia en el sector, como lo advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).