La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 400 votos a favor, 47 en contra de los diputados del Partido del Trabajo (PT), y dos abstenciones, el dictamen que emite la nueva Ley General de Educación Superior.
Después de desechar las propuestas de modificación presentadas por diversas bancadas y que los diputados petistas subieran a presentar reservas que de inmediato retiraron, con el único fin de defender sus argumentos desde la Tribuna, el ordenamiento avanzó en lo particular con 389 votos a favor, 54 en contra y dos abstenciones.
Debido a que no se hicieron cambios a la minuta proveniente del Senado de la República, el proyecto se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Información relacionada: No debe haber impunidad: PRD sobre caso Cuauhtémoc Gutiérrez
La norma reglamentaria del artículo 3 de la Constitución, en materia de educación superior, deberá ser aplicada por las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno.
La Ley General de Educación Superior sustituye la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.
Al presentar el proyecto, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, enfatizó que incluye un "enfoque de cobertura universal", aunque será gradualmente como se avance en el cumplimiento de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior.
Indicó que se respeta la autonomía universitaria, y regula la participación de los sectores público, social y privado en educación superior.
Establece reglas para el acceso a financiamiento en las instituciones educativas, aunado a que contempla la creación del Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad del a educación superior.
El Fondo se nutrirá con recursos asignados a partir del Presupuesto 2022 y los siguientes, y en los correspondientes presupuestos de egresos de los estados, que deberán incrementarse cuando haya variaciones positivas en la estimación de los ingresos previstos en las leyes de ingresos de la Federación y las entidades.
También estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Contempla un Sistema Nacional de Educación Superior.
Refiere que las instituciones públicas y particulares de educación superior, impartirán el servicio de educación superior.
En artículos transitorios, establece que los mecanismos o recursos para cumplir de manera progresiva con la obligatoriedad del Estado de ofrecer acceso a educación superior a toda persona que haya concluido el bachillerato o equivalente, se implementarán a partir del ciclo 2022-2023, y estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria.
Insiste en que la gratuidad de la educación superior se aplicará de manera progresiva.
Las legislaturas de los estados tendrán 180 días después de la entrada en vigor del decreto, para armonizar sus respectivas leyes.
Las universidades públicas podrán establecer mecanismos para recibir donativos, cuyo fin será fortalecer su equipamiento y desempeño educativo.
En el debate los legisladores petistas acusaron que la norma incumple con garantizar educación superior gratuita para todos los jóvenes mexicanos y beneficia a las universidades privadas.
En respuesta, la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, negó tajante que detrás del ordenamiento, haya acuerdos "en lo oscurito" con la oposición, con el fin de beneficiar a quienes tienen escuelas particulares.