El titular de la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Agustín Caso, separado temporalmente del cargo por la polémica en las estimaciones sobre el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), compareció por más de dos horas ante diputados federales, frente a quienes defendió su trabajo.
El funcionario sujeto a investigación por parte de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de San Lázaro, fue claro en señalar que las revisiones de la instancia a su cargo no están mal hechas y las cifras presentadas públicamente no tienen error.
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La metodología empleada para hacer estimaciones a largo plazo tampoco está equivocada, por el contrario, cumple con las normas internacionales en la materia, aseveró.
"Yo lo primero que quiero decir es que no hay error, hay una metodología que arroja una serie de cifras, es muy respetable la posición del secretario de Hacienda. Aquí nadie está mintiendo, que no hay dicotomía respecto de si una visión u otra es la correcta, una visión obedece a una metodología, una vez la cancelación con una perspectiva amplia, y otra de una manera acotada y estricta", explicó.
Remarcó que la cifra dada a conocer por la Auditoría Especial de Desempeño, y que casi llegó a los 332 mil millones de pesos, se calculó a través de distintas variables, y tampoco es una cifra definitiva e inamovible.
El proceso de revisión de los resultados a la fiscalización sigue su marcha y está abierto el periodo de atención a las observaciones del ente fiscalizador, que en el caso de las auditorías de desempeño, no son punitivas ni señalan delitos ni responsables, puntualizó.
"No es pertinente en este momento procesal dar una cifra nueva que quiera establecerse como verdad inamovible. Reitero que están por procesarse las diferencias, y además el valor real, las condiciones de recompra, el diferencial respecto del valor con el que se realizó la emisión de los instrumentos financieros. Aún no se concreta ni es un hecho definitivo", manifestó.
Lo anterior, tras agregar que tampoco se tienen el cálculo definitivo ni final sobre el impacto que tendrá el cumplimiento de obligaciones legales y la cancelación de contratos asociados a la obra cancelada.
Nunca hubo una intención política ni dolo, para dañar la imagen del Presidente de la República y su gobierno, expresó en respuesta a preguntas de legisladores de la mayoría.
El auditor Caso Raphael negó haber sido presionado por alguna autoridad o ente gubernamental, para emitir determinadas cifras o presentar el comunicado público en que se reconocieron "inconsistencias" en la revisión al gasto, en el marco de la Cuenta Pública 2019.
"Nunca he sido presionado por nadie en mi carrera ni por agentes externos ni por agentes internos. Que al llevar a cabo nuestro trabajo no hemos recibido presiones de ninguna especie, porque la Auditoría Superior de la Federación no obedece intereses ni influencias ajenas a las estrictamente señaladas en la ley", enfatizó.
Subrayó que la fiscalización al tema de la cancelación del también identificado como Aeropuerto de Texcoco, están en proceso.
Lo anterior, al subrayar que en las fases del proceso de fiscalización al gasto en 2019, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GAP), contó con todas las facilidades para entregar información, hacer observaciones e incluso presentar objeciones al informe de resultados hecho público el pasado 20 de febrero, y del cual tuvo conocimiento, como marca la ley, con 10 días de anticipación.
Ese procedimiento es complicado y prolongado e incluso, como ha sucedido en otras naciones, podría tardar más de dos décadas en concluir, estimó.
"Destaco que los primeros recursos asignados al Aeropuerto de Texcoco, se remontan al presupuesto de 2014 y que la cancelación de este proyecto no ha concluido. No estamos ante un hecho completamente pagado y cerrado, se trata de un proceso dinámico que tiene un conjunto de escenarios jurídicos, financieros y económicos, que pueden concretarse hasta en 26 años", proyectó.