En comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares e integrantes de auditorías especiales, dieron explicaciones sobre las "discrepancias" en la revisión del costo que tuvo para el Gobierno Federal en 2019, la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
En ese marco, el auditor Colmenares Páramo indicó que será hasta dentro de unos días, no precisó fechas, cuando se dé a conocer un cálculo más preciso en la materia, luego de que la estimación de un sobrecosto de más de 331 mil millones por la terminación de las obras señaladas, generara reclamos del Presidente de la República.
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Subrayó que a partir de las inconformidades del Ejecutivo Federal, y como parte del proceso de fiscalización, se están llevando a cabo mesas de trabajo con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, encargado de las obras.
Al recalcar que la ASF es apartidista y apolítica, el titular de ese organismo subrayó que será el primero en denunciar y pedir que, si alguno de sus funcionarios está actuando con dolo, sea cesado y sancionado.
En defensa del organismo y también de su trabajo, advirtió que no se permitirá ningún acto que vulnere a la Auditoría.
La institución colabora con la investigación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, y si hubo algún funcionario de la instancia fiscalizadora, que pudiera estar involucrado en irregularidades intencionales y haya actuado con fines políticos, apartándose de la labor de revisión del uso de los recursos públicos, se presentarán las denuncias correspondientes.
Sin embargo, enfatizó, la Auditoría no actúa con dolo, con mala fe ni con intencionalidades políticas, ya que es un organismo independiente al Ejecutivo y al Poder Judicial, por lo que su labor no es la de confrontar a ninguna autoridad ni ente auditado.
Hizo énfasis en que todos los sujetos a rendición de cuentas tienen derecho de audiencia y a hacer las aclaraciones pertinentes, tal y como lo prevé la Ley de Fiscalización.
Remarcó que después de la presentación de los informes de resultados sobre la revisión de la Cuenta Pública, la Auditoría tiene un plazo de 10 días para notificar, y los auditados, tienen un mes para revisar las observaciones correspondientes y hacer las aclaraciones que consideren pertinentes.
De modo que el trabajo del organismo fiscalizador se realiza conforme a la ley, y cualquier otra consideración que lo refute, sí es política, afirmó.
Durante la reunión, el director general de la Auditoría de Desempeño, Tizoc Villalobos, que acudió en lugar del auditor Caso, separado temporalmente del puesto, fue claro en señalar que el Grupo Aeroportuario conoció, 10 días antes de la presentación pública de los informes de fiscalización a la Cuenta Pública 2019, el resultado de los mismos y no emitió objeción, inconformidad, queja o discrepancia con las cifras en cuestión.
El auditor Colmenares Páramo aclaró que el Auditor Especial de Desempeño, Agustín Caso, actuó a título personal, al admitir inconsistencias y errores metodológicos en la estimación de 331 mil millones de pesos, por cancelar el Nuevo Aeropuerto.
La Auditoría pidió a sus colaboradores que por respeto a la institución presidencial se emitiera un posicionamiento, sin embargo, la determinación de reconocer fallas de metodología e inconsistencias que dieron lugar a una cifra mayor a la señalada por el Ejecutivo Federal, fue decisión personal del auditor Caso Raphael, que está temporalmente separado del cargo.