La Sección Instructora de la Cámara de Diputados llevará a cabo este sábado 6 de febrero, una reunión privada y virtual, en la que desahogará distintas fases de los procesos de desafuero contra el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo; el senador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Cruz Pérez Cuéllar; y el titular de la Fiscalía General del estado de Morelos, Uriel Carmona.
Asimismo, dicho organismo jurisdiccional conocerá el escrito presentado por el licenciado Alberto Javier Sánchez rojas, defensor de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno anterior, Rosario Robles, quien fue sujeta a juicio político.
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En el caso de la solicitud de declaración de procedencia contra el diputado Toledo Gutiérrez, se emitirá acuerdo referente a la recepción del escrito presentado por el inculpado, y la prórroga del plazo solicitado en el expediente referido.
El diputado Toledo y también exdelegado en Coyoacán, Ciudad de México, cuando formaba parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), es investigado por enriquecimiento ilícito, por la Fiscalía General de Justicia de la capital.
Respecto al proceso contra el senador morenista Pérez Cuéllar, la Sección Instructora emitirá acuerdo de recepción del escrito del inculpado y dará apertura al periodo probatorio correspondiente a su expediente.
El desafuero del legislador fue solicitado por la Fiscalía Genera del estado de Chihuahua, que lo señala por delitos de encubrimiento por receptación y promoción de conductas ilícitas, asociadas a los desvíos de recursos públicos en que se involucra al exgobernador del estado, César Duarte.
En cuanto al procedimiento contra el ciudadano Uriel Carmona Gándara, los integrantes de la Instructora darán por recibido el escrito del inculpado.
El fiscal del estado de Morelos está sujeto a proceso de desafuero por presunta participación en el delito de delincuencia organizada en la modalidad de terrorismo, acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ello, de acuerdo a los argumentos presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Cámara de Diputados.