La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados pidió que se abra parlamento abierto para analizar la iniciativa del Ejecutivo Federal que reforma la Ley de la Industria Eléctrica.
Los legisladores perredistas señalaron que es necesario revisar a fondo el proyecto que en los hechos, busca "dar la vuelta al revés" al Poder Judicial que ha emitido fallos a favor de quienes han impugnado el Acuerdo de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
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También calificaron el planteamiento como regresivo, inconstitucional y riesgoso para las finanzas del país.
La bancada y en particular la diputada Mónica Almeida, integrante de la Comisión de Energía en el recinto, afirmaron que el Estado debe garantizar el acceso a la población a energía limpia, a través del proceso de transición energética.
Si el Presidente de la República va por una reforma energética, debe hacerlo de manera integral, sin vulnerar la soberanía el país en esa materia, ni acuerdos comerciales.
Consideraron que la iniciativa preferente del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que reforma disposiciones de la industria eléctrica, tendrá consecuencias legales, ya que va contra acuerdos internacionales signados por el país.
Al demandar que se discuta abiertamente lo antes posible, ya que los congresistas tienen un plazo de aproximadamente 60 días para aprobar el documento, pidieron convocar a académicos, legisladores, trabajadores del sector, representantes de dependencias federales, así como de la propia industria.
Indicaron que en una primera revisión, es posible anticipar que los cambios señalados implicarán un mayor costo degeneración en el Sistema Eléctrico Nacional.
También es previsible que derive en controversias constitucionales por su carácter retroactivo, y demandas de arbitraje internacional.
Incrementar la participación de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de energía eléctrica sin tomar en cuenta los costos de generación ni el cumplimiento de compromisos ambientales, será contraproducente.
Indicaron que por el desplazamiento de plantas privadas de ciclo combinado, el costo de la generación de energía superaría 10 mil millones de pesos al año.
El planteamiento de someter a revisión permisos de autoabastecimiento, vigentes conforme al régimen transitorio de la reforma energética aprobada en 2013, así como la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los revoque a través de procedimientos administrativos, dará paso a impugnaciones legales. Al igual que la revisión de los contratos con productores independientes o externos.
"La propuesta legislativa preferente anticipa una escalada en las confrontaciones entre el Ejecutivo Federal y las empresas extranjeras que han invertido cuantiosos recursos en el sector eléctrico en litigios legales tanto en Tribunales Internacionales como con sus gobiernos, con el alegato de incertidumbre jurídica, por no respetarse el Estado de Derecho, específicamente, las reglas establecidas en la Reforma de la Industria Eléctrica en 2013, así como las cláusulas del Tratado comercial del T-MEC", advirtieron.
La diputada Almeida López afirmó que la reforma en cuestión, busca convertir al Presidente de la República en el jefe de "la nueva mafia del poder", ya que tiene como fin cumplir sus caprichos.