En la Cámara de Diputados, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó iniciativas de reforma con el fin de atender el problema del desabasto de medicamentos y establecer sanciones por incumplimiento en la norma que garantiza el derecho a la salud.
Desde la Tribuna, el diputado Jorge Triana planteó cambios al artículo 4 de la Constitución, la Ley General de Salud y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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Sancionar desabasto
El fin, es que haya responsabilidades administrativas para los funcionarios que no cumplan el deber de garantizar atención adecuada en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
Los pacientes que no reciban sus medicamentos y tratamientos, propuso Triana Tena, deberán recibir atención y suministro de fármacos en instituciones privadas, para lo cual deberán recibir vales canjeables o algún otro mecanismo que ampare el servicio, conforme a convenios de colaboración.
Planteó aplicar sanciones administrativas con cinco y hasta 15 años de inhabilitación, a los servidores públicos que incumplan o de manera poco oportuna, apliquen las normas que garantizan los servicios de salud, tratamientos, medicamentos e insumos para la salud en caso de urgencia médica.
"Para que persona que esté adscrita al gobierno que no entregue en tiempo y forma tratamientos y medicamentos, tenga una sanción debida", apuntó.
AMLO reconoce desabasto
El legislador subrayó que, a tres años de gobierno, el Presidente de la República se vio obligado a admitir que el desabasto de medicamentos es un problema real en México, y en su administración, se debe a la implementación inadecuada de la política de compra consolidada de medicamentos.
Al dejar en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) todas las adquisiciones de medicinas e insumos para salud, y posteriormente hacerlo a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, "se creó un cuello de botella" que no ha se ha podido destrabar.
Recalcó que, en administraciones anteriores, el retraso en el abasto de medicamentos era de 30 por ciento, y en el actual gobierno subió a 70 por ciento.
La situación, recriminó, llevó a familias de ciudadanos que requieren tratamientos y medicamentos sin demora, como los pacientes con cáncer, a tener que ampararse legalmente para obligar a la autoridad federal a cumplir su responsabilidad de proveer esos insumos.
El planteamiento del legislador panista fue turnado a estudio a las comisiones de Puntos Constitucionales, Salud y Transparencia.