La venta, entrega o intercambio de menores de edad con fines de matrimonio, para cubrir deudas u obtener algún bien, propiedad u objeto a cambio de ellas, debería ser catalogado como delito grave, propuso la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eufrosina Cruz.
Desde la Tribuna de San Lázaro, la legisladora planteó reformas al Capítulo IX del código Penal Federal, para poner un freno al matrimonio forzado de menores de edad, práctica que principalmente afecta a niñas y adolescentes.
Penalizar matrimonio forzado de menores
Detalló que el proyecto turnado a la Comisión de Justicia y al cuál se adhirieron, en respaldo al mismo, integrantes de distintas fracciones parlamentarias, prevé sancionar con cárcel de dos a cinco años y multas de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a toda persona que auxilie, ayude a realizar, incite el ilícito e incluso, sea testigo del mismo.
La sanción también aplicará a quien utilice la fuerza física, engaños, privación de la libertad o ejerza alguna otra conducta ilícita para obligar a menores de edad a casarse; y a quien entregue pagos en distintas modalidades, para lograr que la niña o adolescente acepte la situación.
"Abusos y costumbres"
La diputada Cruz Mendoza subrayó que las uniones forzadas de mujeres menores de edad, son una forma de violencia y esclavitud que se justifican y se "esconden" detrás de "la tradición de nuestros pueblos originarios", cuando en realidad se manipula la vida y los derechos de las mujeres.
Calificó los llamados "usos y costumbres" como abusos consentidos por la sociedad, el Estado y sus instituciones, ya que la legislación aprobada en la materia, no ha establecido que ese tipo de prácticas son un delito y merecen castigo.
"Aquello que los abusos y costumbres han logrado eludir por cientos de años, los matrimonios forzados son el reflejo de la desigualdad", advirtió.
"Porque estas niñas, estas mujeres padecen cuatro tipos de discriminación: ser mujer, ser pobre, ser niña y ser indígena", agregó la congresista, al indicar que la propuesta tiene como fin dar voz a quienes como ella y sus familiares, debieron escapar de sus entornos familiares y comunidades, para evitar ser víctimas del ilícito descrito.