Al empresario Carlos Ahumada le queda un último paso para evitar su extradición y este se basa en un recurso de apelación ante el Poder Judicial de Argentina.
La víspera, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y la Fiscalía General de la República informaron que la justicia argentina autorizó la extradición a México del empresario para que concluya un año 10 meses de prisión.
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Esto, como resultado de las una sentencia de cinco años por el delito de fraude genérico que supera los 38 millones de pesos.
Autoridades capitalinas explicaron que Ahumada cuenta con cinco días hábiles para interponer el recurso de apelación ante la Corte Argentina.
En ese recurso, el empresario podrá aportar los agravios que considere viables para frenar la extradición a México y posteriormente se emitirá un fallo que en su caso podría ratificar o revocar la decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal número 9.
No obstante, la FGJ-CDMX anunció que la extradición fue autorizada por la justicia de aquel país, en virtud de los trámites y diligencias de la Fiscalia General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores
Carlos Ahumada Kurtz tiene pendiente por cumplir un año, 10 meses y 23 días de prisión que le restan de la sentencia en su contra por fraude genérico y fraude genérico continuado.
Sólo compurgó en el Reclusorio Norte tres años, un mes y siete días de una sentencia de cinco años de prisión en el Reclusorio Norte de Ciudad de México.
Acusaciones contra Ahumada
Con base en la averiguación previa que inició la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Carlos Ahumada cometió el delito de fraude genérico en 2003.
En conjunto unto con otras personas iniciaron una solicitud, a título de auxiliador, para desazolvar la red secundaria de drenaje en la entonces delegación Gustavo A. Madero que colapsaba en temporada de lluvia.
Como parte del contrato, se depositaron a sus empresas 31 millones 285 mil 163 pesos, pero las obras públicas nunca se llevaron a cabo.
Por el caso de fraude genérico continuado, las investigaciones señalan que no realizó trabajos de repavimentación en Tláhuac, por los que recibió siete millones de pesos.
En 2002 se autorizó el contrato correspondiente, el cual tenía que empezar a cumplir desde principios de 2003 y finalizar en 2005.