El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama Rendón, afirmó que en la región de América Latina se vive una ola de autoritarismo y opacidad, donde el populismo está arrasando con las instituciones, así como con las normas, ello con el fin de evitar la rendición de cuentas, las auditorías y la transparencia.
Al participar en la inauguración del décimo seminario internacional "Corrupción y Política en América Latina: Pesos sin contrapesos", indicó que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se declaran como de interés público y de seguridad nacional la realización de los proyectos y obras prioritarias, es un claro ejemplo de cómo la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los recursos políticos van al alza.
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"Y mientras lo que tengamos son decretos para aumentar la opacidad en el uso de los recursos públicos, vamos a ir perdiendo la batalla contra la corrupción en general y político-electoral también. No seamos ingenuos, la opacidad que se está impulsando desde el poder político es un impulso de la corrupción y de destrucción de los controles democráticos que habíamos logrado edificar. Peor que una fiscalización deficiente, como la que seguramente hacemos, es una fiscalización intencionada políticamente para perseguir adversarios desde el poder".
Por su parte, la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, alertó que una reforma que toque a los órganos autónomos traería consigo retrocesos.
"Incitar o sugerir una reforma legal, por más pequeña que ésta sea, corremos el riesgo de realmente abrir espacios que vengan a tumbar todo lo que se ha construido. No debemos permitir que se toque absolutamente nada del sistema electoral que tenemos, no sólo defender lo que tenemos, mejorar lo que podemos mejorar desde adentro, pero que no se toque absolutamente ninguna institución que conforman todo el sistema electoral".
Otálora Malassis estimó que en México estamos muy lejos de conocer los verdaderos montos que se gastan durante las campañas electorales, ante la imposibilidad que se mantiene a nivel mundial para identificar el vínculo entre obra pública y dinero oculto para financiar las elecciones.
En este sentido se pronunció a favor de que una eventual reforma electoral contemple aumentar las facultades fiscalizadoras del INE, para que las autoridades bancarias rindan cuentas en períodos breves, al ser fundamental conocer el origen del dinero que circula en las elecciones para sanear el propio sistema.