El juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, le negó la suspensión provisional a tres empresas que impugnaron el acuerdo A/024/2021 de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que establece la regulación de precios máximos del gas LP.
Las empresas Gas del Atlántico, Súper Gas de Los Altos y Estación de Gas LP Victoria impugnaron la directriz de emergencia para el bienestar del consumidor de gas licuado de petróleo, emitida por la Secretaría de Energía, con la finalidad de proteger los intereses de los usuarios finales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2021.
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No obstante, Gómez Fierro rechazó conceder la medida cautelar, ya que con ello "se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, debido a que se permitiría el alza de precios en relación con un artículo de primera necesidad o de consumo necesario, como lo es el gas licuado de petróleo".
Asimismo, el juzgador destacó que existe la presunción de que la autoridad responsable no observó lo dispuesto en la Ley de Hidrocarburos, ya que estableció una regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, sin que exista alguna declaratoria previa por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en relación con la falta de condiciones de competencia en dicho mercado.
Sin embargo, destacó que, por el momento, debe considerarse que el beneficio que la sociedad puede recibir de la ejecución de los actos reclamados es mayor que el perjuicio que se provoca por la falta de cumplimiento a dicha formalidad.
La CRE justificó la emisión del acuerdo al argumentar que es "necesario intervenir en el sector para corregir los aumentos injustificados del precio de gas licuado de petróleo que están afectando la economía de los usuarios finales y el desarrollo del sector".