TFJA anula sanción contra ex funcionario de Banobras por Estafa Maestra

La ASF había impuesto una sanción a Gerardo Pavón Luna por daños causados al erario.

La sanción se anuló porque la ASF aplicó una ley que no estaba vigente. Foto: Ilustrativa
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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló la resolución de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la que le impuso a Gerardo Pavón Luna, ex funcionario de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), por los daños causados al erario público por el caso de la Estafa Maestra.

Este asunto derivo de los contratos de prestación de servicios firmados entre Banobras y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) para actualizar sus sistemas computacionales.

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En su resolución, la Dirección General de Responsabilidades de la ASF determinó que Pavón Luna incurrió en responsabilidad al no supervisar las acciones del personal del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM en la prestación de los servicios pactados en el contrato DGA/045/2013 de fecha 16 de agosto de 2013, lo que provocó un daño al erario por 9 millones 161 mil 680 pesos que debía ser resarcido por el exfuncionario.

No obstante, la Sala Superior del TFJA aprobó el proyecto del magistrado Alfredo Salgado Loyo, quien propuso anular la sanción, ya que la ASF aplicó una ley que ya no estaba vigente.

"Por lo expuesto, al no haberse cumplido con el requisito de debida fundamentación establecido en el artículo 16 de la Constitución, debido a que la autoridad tuvo fundamento de su decisión en una normativa que no se encontraba vigente, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 51 fracción cuarta de la Ley Federal de procedimiento contencioso administrativo, lo que hace procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resoluciones impugnadas con fundamento en el artículo 52, fracción segunda del citado ordenamiento legal".

Cabe recordar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Banobras pagó más de 200 millones de pesos por un contrato plurianual con la UAEM, mismo que fue cancelado el 31 de noviembre de 2015, luego de que la ASF detectó sobreprecios y pagos por trabajos que no se realizaron.