Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) afirmaron que las condiciones para ejercer el periodismo en México no han mejorado, ya que los ataques, asesinatos y desapariciones aún son una constante.
Ante ello, Balbina Flores Martínez, integrante de Reporteros Sin Fronteras, llamó a poner atención en la desaparición de los fideicomisos, ya que en el corto y largo plazo tendrá un impacto en la atención de los periodistas que se vieron obligados a desplazarse de manera forzada de sus lugares de origen ante el clima de violencia.
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"Es algo a lo que le tenemos que poner atención porque eso, también, va a tener un impacto a corto y largo plazo en esa atención integral a las y los periodistas que se han visto en la necesidad de desplazarse de manera forzada de sus medios, de sus comunidades, de sus contextos, junto con sus familias", dijo.
De acuerdo con información proporcionada por el Mecanismo Federal de Protección, la CNDH y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en el periodo del 2012 al 2020, en el país se tiene un estimado de 156 periodistas, mujeres y hombres, se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
En el marco de la presentación del diagnóstico sobre las personas que se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la Ciudad de México, Flores Martínez destacó que esta problemática tiene un impacto en la libertad de expresión y de prensa, ya cada vez son más las regiones del país donde se instalan las llamadas zonas de silencio.
"Podemos mencionar en primer lugar, Tamaulipas, podemos mencionar Guerrero, donde hay varios municipios donde los periodistas se han tenido que ir de ahí por conservar su vida; podemos mencionar Michoacán, Veracruz, por solo mencionar algunos estados de la República donde las zonas de silencio se han instalado, donde la información de lo que ahí ocurre ya no está saliendo de ahí, se está quedando ahí", dijo.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, destacó que el desplazamiento forzado interno es un hecho victimizante que se produce normalmente porque el Estado no pudo respetar, garantizar, ni proteger a las personas y sus derechos.