Traspaso de facultades de SCT a Semar sobre puertos, es inconstitucional, alertan

El capitán Alfredo Antonio, secretario del Trabajo Orden de capitanes y Pilotos Navales, advirtió sin rodeos, que la iniciativa en cuestión es riesgosa, viola el artículo 129 constitucional.

Congresistas de Morena alertaron sobre el riesgo de apresurarse a aprobar una norma tan relevante, sin analizar sus implicaciones a fondo
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En la Cámara de Diputados, las propuestas de reforma en materia de navegación, comercio marítimo y de puertos, para trasladar facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar), dividió opiniones entre especialistas en seguridad, asuntos portuarios, investigadores y ex funcionarios, incluso entre congresistas de la mayoría.

Durante un ejercicio de parlamento abierto virtual organizado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, gran parte de los participantes advirtió sobre los riesgos de retroceso que implica la iniciativa central a discusión, presentada por la diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juanita Guerra.

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Incluso congresistas de Morena alertaron sobre el riesgo de apresurarse a aprobar una norma tan relevante, sin analizar sus implicaciones a fondo.

En ese sentido se pronunciaron el presidente de la Comisión de Infraestructura en San Lázaro, Ricardo Exsome, así como su compañera de bancada, Tania Cruz.

El investigador Javier Oliva, consideró que los cambios propuestos por diputados de la mayoría no implican "militarizar" la operación de puertos en el país.

El Almirante José Luis Arellano Ruiz. Comandante del Cuartel General de Alto Mando de la Secretaría de Marina (Semar), afirmó que las advertencias sobre la inconstitucionalidad de la reforma señalada son inaceptables y son "mentira". "¿Cuál militarización, si Semar tiene personal civil?", argumentó.

En contraparte, el experto en seguridad Erubiel Tirado, experto en seguridad y Fuerzas Armadas por la Universidad Iberoamericana; el capitán Alfredo Rodríguez, secretario del Trabajo, Orden de capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana; la especialista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa, así como Bárbara Stepien, académica de la Universidad Iberoamericana y otros invitados, coincidieron en que el planteamiento es riesgoso.

Viola el artículo 129 de la Constitución, provocará impugnaciones ante tribunales, y al restar facultades a la autoridad civil, para entregarlas a la militar, representa un retroceso y un paso más hacia la militarización, advirtieron.

En particular, el especialista Erubiel Tirado, fue claro en señalar que los cambios legales a discusión en parlamento abierto ya están pactados, ha circulado públicamente un anteproyecto de dictamen con la propuesta de la diputada Guerra y el parlamento abierto se convocó, para justificar una decisión tomada.

"Las formalidades que cumplen este evento, hay que decirlo, son para intentar legitimar una decisión no solo ya tomada por los sectores duros de las Fuerzas Armadas, seguido de un aparato civilista indica que dentro y fuera del gobierno, en los últimos 25 años se han beneficiado en diversas formas de una creciente intervención e influencia castrense en la vida pública del país, desde el ámbito de la seguridad y la defensa. Ahora toca colonizar espacios de gobierno y eso lo estamos viendo. La Secretaría de Marina, cual fuerza real de ocupación, detenta ya el control de la Marina Mercante del país y solo resta hacerse legalmente de todo el aparato que representa", advirtió.

Catalina Pérez Correa señaló que ante la presión del Presidente de la República, queda la impresión de que la iniciativa a discusión, busca legalizar "de facto" lo que ya aplica en los hechos, es decir, la adjudicación facultades a la Secretaría de Marina en materia de Marina Mercante, Educación Náutica y la probable desaparición de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs).

"Lo que vamos a ver son múltiples impugnaciones por esta iniciativa, que no tiene resueltos sus problemas de inconstitucionalidad, además vamos a estar frente a un nuevo avance hacia la militarización de la vida pública del país", alertó la experta.

El capitán Alfredo Antonio Rodríguez, Secretario del Trabajo Orden de capitanes y Pilotos Navales de la República Mexicana, advirtió sin rodeos, que la iniciativa en cuestión es riesgosa, viola el artículo 129 constitucional y tiene corte dictatorial.

"Puedo decirles que esta iniciativa de ley no es, como muchos creen, sola mente un riesgo para la industria del transporte ni para la Marina Mercante y Puertos, lo que esta iniciativa intenta es ir sustituyendo a autoridades y funcionarios civiles por efectivos de las Fuerzas Armadas. Es decir, esta iniciativa busca violentar el artículo 129 de la Constitución. En otros periodos de la historia, por ejemplo, a inicios del Siglo XX, ya hemos tenido estos ejemplos, sobre todo con el dictador Victoriano Huerta", sentenció.

"El sector civil, el gobierno civil va a perder el control civil sobre una de las ramas más importantes. Si la principal motivación de la iniciativa es el mejoramiento y la lucha contra la corrupción, si esa es la motivación para cambiar las facultades, para cambiarlas del sector civil al militar, seguramente existen otros medios para hacerlo, otras reformas, hay otras posibilidades además de disolver de hecho, la administración marítima civil", enfatizó Bárbara Stepien.