La diputada federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio exigió destituir de inmediato y sancionar en los términos de la ley, a los policías que agredieron, detuvieron de manera ilegal y violentaron los derechos de manifestantes y periodistas, durante las protestas realizadas el pasado sábado 22 de agosto, en León, Guanajuato.
La legisladora exigió al gobierno del Estado, a la Fiscalía General y al alcalde de León, esclarecer los hechos, así como garantizar el acceso a la justicia y a la reparación del daño a las víctimas.
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Villavicencio Ayala también demandó investigar con enfoque de derechos humanos, el caso que dio origen a las protestas, referente a la agresión y abuso sexual de policías municipales contra la joven identificada como Evelyn, el cual fue denunciado ante las autoridades.
Indicó que esos abusos, así como la respuesta equivocada y con abuso de poder por parte de los elementos de seguridad, durante las protestas del pasado sábado 22 de agosto, atentan contra la dignidad humana, violan el derecho a la libertad de expresión y de manifestación de los asistentes al acto, aunado a que las detenciones ilegales y violencia ejercida en su contra, constituyen actos de tortura.
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada en mayo de 2019, establece que los policías deben respetar protocolos de actuación, para evitar violaciones a derechos, no incurrir en abuso de poder y no pueden utilizar armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas, recordó.
Por lo anterior, solicitó a las autoridades en Guanajuato, capacitar adecuadamente a los efectivos de seguridad, para que respeten los derechos humanos de las mujeres; pidió que el gobernador Diego Sinhue, así como el alcalde de León, Héctor López, informen sobre los hechos referidos.
También requirió que la Fiscalía General del estado, la Procuraduría de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garanticen el acceso a la justicia y la reparación del daño.
Añadió que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato debe emitir una recomendación por violación a derechos de manifestantes; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tendría que emitir una opinión sobre la represión y agresión a manifestantes, insistió.