Además de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), b, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Carlos Salinas de Gortari, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, José Antonio González Anaya, David Penchyna y Ernesto Cordero, entre otros.
En su denuncia, de 63 páginas, el ex servidor público señaló que el pago de sobornos por parte de Odebrecht inició en la administración de Felipe Calderón y concluyó en la de Peña Nieto, particularmente durante la negociación de la reforma energética.
Indicó que la negociación con los legisladores del PAN no fue una negociación sino una "extorsión" que se realizaba en sus oficinas de Marina Nacional por parte de un grupo conformado por Francisco Javier Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, quienes, en un primer momento, exigían 50 millones de pesos para dar su voto a favor de la reforma energética.
Información relacionada: Denuncian video de presuntos sobornos ante FGR
Lozoya Austin refirió que recibía a los legisladores por instrucciones de Luis Videgaray, quien posteriormente le ordenó realizar "entregas de dinero adicionales de sobornos", para evitar que los panistas "boicotearan" la reforma energética.
A decir del ex servidor público, el dinero se entregaba conforme avanzaban "los borradores de la reforma energética"; además, Videgaray Caso llevaba "un control puntual" de los sobornos entregados.
Mencionó que a Ricardo Anaya se le entregaron 6 millones 800 mil pesos en agosto de 2014, para apoyar sus aspiraciones para ser gobernador en Querétaro. El dinero fue entregado en el estacionamiento de la Cámara de Diputados por su jefe de escoltas, Norberto Gallardo, a Osiris Hernández, enlace de Anaya.
Entre el 2013 y 2014, José Velasco y en su momento Francisco Olascoaga entregaron a Rafael Caraveo Opengo, ex secretario técnico del Senado, 80 millones de pesos, para lo cual se agendaban citas en mensajes de textos de teléfonos desechables.
En su denuncia, Emilio Lozoya refirió que en el 2013, la relación entre Odebrecht y el Estado mexicano, no era una relación de contratos, sino de poder, ya que la empresa participaba activamente en la política energética.