El caso de la presunta entrega de sobornos de la empresa Odebrecht, en el Senado de la República, en el que estarían involucrados ex funcionarios de ese órgano parlamentario y que pertenecían al equipo técnico de senadores del c(PAN), fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por congresistas federales.
La senadora Xóchitl Gálvez, la presidenta saliente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y el diputado federal Éctor Jaime Ramírez, manifestaron que la denuncia tiene como propósito exigir que los hechos expuestos se investiguen a fondo y la autoridad aplique la ley, "caiga quien caiga".
"Cualquier acto de corrupción debe ser investigado y castigado caiga quien caiga. Yo creo que lo que vimos hace 15 años aproximadamente, con los videos donde aparecía (René) Bejarano y las ligas y los fajos de billetes, pues indignaron al grueso de la sociedad, y lo que vimos al día de ayer es algo que también tiene indignados a los mexicanos y parte de la clase política", argumentó la senadora Gálvez Ruiz.
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Consideró que no hay diferencia alguna entre los actos de corrupción expuestos en los llamados "videoescándalos" que llevaron a la cárcel a Bejarano, persona cercana al ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el material presentado por el Primer Mandatario en Palacio Nacional, y que también fue filtrado en redes sociales y plataformas de internet.
Es por ello, insistió, en que se pide a la Fiscalía General abrir las indagatorias correspondientes.
La denuncia, apuntaron, busca evitar que ese material sea usado para un "show mediático" y para politizar la justicia.
"Evitar, tratar de evitar que esto se utilice políticamente. El hecho de pedirle a la Fiscalía General de la República investigue y que determine si en efecto hay o no hay un delito y actúe en consecuencia, también con esto, estamos atajando que se utilice esto políticamente por parte de quien así lo quiera utilizar", puntualizó la diputada Rojas Hernández.
Señaló que cuando fue senadora de la República, justo cuando se aprobó la reforma energética, tuvo oportunidad de conocer a las dos personas que aparecen en el video.
Uno de ellos es el militante panista Guillermo Gutiérrez Badillo, y el otro funcionario, Rafael Caraveo, adscritos a la oficina de los entonces senadores Francisco Domínguez y Jorge Luis Lavalle.
Sin embargo, dijo no haber tenido conocimiento de que esas personas y ninguna otra en los equipos de los entonces senadores panistas, estuviesen involucrados en actos ilícitos o hayan recibido sobornos.
La presidenta saliente de la Cámara de Diputados reiteró el discurso de la dirigencia de su partido, respecto a que los panistas no solo votaron a favor de la reforma energética, sino que la impulsaron, por lo que no tenían que ser convencidos de ello.
Consideraron que al difundir el video en el marco de su conferencia en Palacio Nacional, el Presidente de la República pudo incurrir en irregularidades como violación al debido proceso y al derecho de presunción de inocencia de las personas exhibidas, lo que representaría problemas legales para él y para el propio Gobierno Federal.
La denuncia "de hechos posiblemente constitutivos de delito" contra quienes resulten responsables, y que este martes 18 de agosto fue presentada ante la Fiscalía General, presenta notas periodísticas informando de la exhibición del video; la transcripción de las conversaciones de los protagonistas, hecha por medios de comunicación; y copia del comunicado de deslinde emitido por la defensa del señor Emilio Ricardo Lozoya Austin, a quien se le atribuye la difusión del material.
El artículo 32 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita refiere que las operaciones irregulares para pagar o liquidar, así como aceptar la liquidación o pago, mediante la entrega y recepción "extraña", en el caso de los sucesos denunciados, de dos millones 400 mil pesos en efectivo de acuerdo a las notas periodísticas, debe investigarse, demandaron.
También solicitaron que la FGR ordene la comparecencia de los involucrados, y la realización de las diligencias necesarias, para integrar la investigación respectiva, incluyendo el origen de la videograbación y si se acreditan delitos, se ejercite la acción penal conforme a la ley.