Solicitantes de asilo en Estados Unidos, que se encuentran bajo el Protocolo "Quédate en México", pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares que garantice su integridad y salud y libre tránsito por el país para llegar a sus audiencias sin ser deportadas.
A través de un comunicado emitido por Clínica de Migración de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas, la Clínica Legal Trasnacional de la Escuela de Leyes de la Universidad de Pensilvania, Latín America Working Group y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), de enero del 2019 a marzo del 2020 más de 62 mil personas que han sido devueltas desde Estados Unidos, viven en campamentos, albergues y viviendas temporales.
Las organizaciones señalaron que el gobierno mexicano se comprometió a garantizar empleo, regularización migratoria y protección, sin embargo las autoridades federales, estatales y municipales "han sido omisas y esta población, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes se encuentran en situaciones de riesgo como asesinato, secuestro, desaparición, asalto y violación".
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Las autoridades mexicanas también han sido acusadas de desalentar las peticiones de asilo en Estados Unidos advirtiendo a las personas sobre los peligros en la frontera norte y ofreciéndoles transporte gratuito a la frontera sur del país, pagado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que puedan regresar a sus países, a pesar de que los peticionarios son parte de una población que ha dejado sus países huyendo de la violencia y la persecución política.
No obstante, agregaron que Estados Unidos en complicidad con el gobierno mexicano, violaron el principio de no devolución y han devuelto a esa población a territorio mexicano a esperar sus procesos. Cabe señalar que tras la declaración de pandemia mundial el gobierno estadounidense anunció la suspensión indefinida de las resoluciones de casos ante las cortes estadounidense, lo que significa un tiempo indefinido en la permanencia en México.
En la petición a la CIDH se solicita también que el Estado mexicano termine su participación en dicha política y rechace el ingreso al país de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos, además de garantizar la integridad de las personas bajo MPPP que se encuentran en el norte de México, debido a las condiciones de inseguridad que allí se viven.