Jueces rechazan frenar el 'electrolinazo'

El juez rechazó dar trámite a por lo menos cinco amparos contra la resolución aprobada por la Comisión Reguladora de Energía.

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Dos jueces federales rechazaron conceder las suspensiones contra los aumentos de entre 407 y 775 por ciento en las tarifas de transmisión que plantas de generación privadas tienen que pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en lo que se conoce como el "electrolinazo"

El juez Rodrigo de la Peza, titular del Juzgado Primero Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, rechazó dar trámite a por lo menos cinco amparos contra la resolución aprobada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por considerar que no son "urgentes".

Por su parte, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, negó entre ayer y hoy cinco suspensiones provisionales.

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Al respecto, el impartidor de justicia argumentó que la resolución impugnada tiene una serie de finalidades y objetivos regulatorios que se verían truncados en caso de que se concediera la suspensión, con los cuales se busca garantizar que el servicio público de transmisión se preste en buenas condiciones, así como fomentar la competencia en el sector de la industria eléctrica.

Agregó que aun cuando la ejecución de los actos reclamados pudiera generar un impacto patrimonial a la parte quejosa, debe advertirse que esta afectación podría ser reparada con la concesión del amparo, mientras que la lesión que sufriría la sociedad con la paralización de la regulación determinada y publicada mediante los actos cuestionados no podría repararse ni siquiera con el otorgamiento de una garantía, ya que ello provocaría que el servicio público de transmisión se tenga prestar en términos menos eficientes.

Indicó que la suspensión obstaculizaría la implementación de una regulación que tiene por objeto establecer costos por el servicio de transmisión de energía eléctrica pública, que resultan acordes con la política pública en materia de energía.

Las suspensiones fueron negadas a las empresas Central LFGE Tijuana, Central LFGE García, Cogeneración de Altamira, Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque y Eólica Huimilpan, que pueden impugnar ante un tribunal colegiado.