CNDH pide revisar recorte presupuestal a la CEAV

El organismo indicó que con las medidas anunciadas se estaría violentando a la Constitución federal.

La CNDH puntualizó que coincide en que México requiere medidas de austeridad para poder afrontar la crisis / Foto: Archivo
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a revisar el tema del recorte del 75 por ciento al presupuesto de dicha comisión y destacó que las medidas de austeridad se deben de llevar a cabo con el criterio de tomar en cuenta principalmente a las víctimas.

La CNDH advirtió que más allá de paralizar, el recorte presupuestal ocasionaría la desaparición de la CEAV, toda vez que independientemente de que informa no tener presupuesto para el pago de servicios generales y de su personal, más de 7 mil 200 víctimas que son atendidas en los Centros de Atención Integral de la CEAV en todo el país, dejarán de contar con la atención médica, psicológica, social y orientación jurídica.

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Otras consecuencias serían que las víctimas no tuvieran acceso a una compensación, la desaparición del REANVI, el cual opera el Registro de las víctimas para acceder a una reparación de daño, misma que atiende más de 500 solicitudes por día; asimismo, quedarán pendientes mil resoluciones y 610 procedimientos judiciales en trámite, algunos de esta Comisión Nacional, de la Corte Interamericana, entre otras y asuntos como Ayotzinapa, Casino Royale, Guerra Sucia, Atenco, Tanhuato, ABC y Tlataya.

La CNDH puntualizó que coincide en que México requiere medidas de austeridad para poder afrontar la crisis que el país y el mundo enfrentan como consecuencia de la pandemia por el Covid-19; sin embargo, señaló que existen instituciones que el gobierno federal que no pueden dejar de asumir a cabalidad su papel, como es el caso de la CEAV, organismo clave para el correcto funcionamiento de atención a las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito.

Indicó que con las medidas anunciadas se estaría violentando el artículo primero de la Constitución federal, mismo que dispone en su párrafo tercero, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.