Al confirmar que se devolvieron 20 ventiladores que iban a ser comprados por el IMSS en Hidalgo para pacientes con COVID-19, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que existen siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de expedientes contra funcionarios públicos y particulares.
“En el pasado se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”, expresó Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP.
La dependencia federal indicó que las diligencias de la investigación y visitas de verificación e inspección iniciaron el 1 de mayo y se mantienen, además hay elementos para los procedimientos de asignación de la sanción correspondiente por presuntas irregularidades.
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Las investigaciones han involucrado al IMSS, pero también al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Delegación del IMSS en Hidalgo y la Administración General de Aduanas, detalló. También se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La SFP aclaró que “no se permitió que se consumara el daño al erario” al rechazar la compra, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados.
Añadió que en caso de que se determine la comisión de conductas ilegales se impondrán sanciones con base en las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y General de Responsabilidades Administrativas.