Juez ordena liberar a todos los migrantes susceptibles a Covid-19

El impartidor de justicia instruyó a las autoridades otorgar derechos temporales de residencia que incluyan acceso a beneficios de salud y sociales.

Campamento migrante en Matamoros, México
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El juez Jonathan Bass Herrera, titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa, ordenó al gobierno federal y otras autoridades, liberar a todos los migrantes que se encuentren dentro de los grupos vulnerables al virus Covid-19.

Asimismo, el impartidor de justicia instruyó a las autoridades otorgar derechos temporales de residencia que incluyan acceso a beneficios de salud y sociales, en el contexto de la lucha contra la pandemia, conforme a las disposiciones migratorias establecidas para tal efecto.

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El juez Bass Herrera concedió la suspensión al Instituto para las Mujeres en la Migración Asociación Civil (IMUMI) y otras organizaciones que reclamaron la omisión de diseñar e implementar protocolos y medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de las personas en contexto de movilidad humana durante la emergencia sanitaria.

Ante ello, el juez Bass Herrera giró un exhorto a todos los jueces federales de guardia, para que notifiquen y requieran el cumplimiento de la suspensión a las delegaciones del Instituto Nacional de Migración, entre otras autoridades.

En su resolución, el juzgador explicó que la medida cautelar también es para el efecto de que las autoridades implementen medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales para la prevención de contagios del virus SARS-CoV2 dentro de las estaciones migratorias de todo el país, así como las acciones necesarias para detectar a las personas con posibles síntomas de infección.

Del mismo modo, deberán poner a salvo a los niños y adolescentes no acompañados, en estancias adecuadas que garanticen su vida y su integridad, además de que tendrán que establecer una estrategia, en apego a los programas sociales existentes, para que las personas en situación de migración o solicitantes de protección internacional puedan acceder a beneficios económicos que coadyuven en su sustento.