Comar solicita a diputados no recortar presupuesto para 2021

La evolución de las solicitudes de la condición de refugiado en México pasó de mil 296 en 2013 a 70 mil 609 en 2019.

Escrito en NACIONAL el

El presupuesto del 2021 proyectado para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), prevé una disminución de 14.34% con respecto al ejercido este año, lo que impactará directamente en las necesidades presupuestales de este organismo para atender a los solicitantes.

El titular de la Comar, Andrés Ramírez Silva, señaló lo anterior durante una reunión virtual con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, encabezada por Julieta Kristal Vences Valencia, en donde detalló que la evolución de las solicitudes de la condición de refugiado en México pasó de mil 296 en 2013 a 70 mil 609 en 2019, por lo que es importante no sólo mantener el presupuesto asignado a esta comisión, sino incluso incrementarlo.

Explico que además está en curso un proceso administrativo para fusionar la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) con dicha comisión; cuando el proceso concluya en el primer trimestre del 2021, el presupuesto de la Comar absorbería el del CAIMFS y ascendería a 97.3 millones de pesos.

Información relacionada: Salud espera tener fármacos oncológicos en las próximas semanas

Sin embargo, puntualizó Andrés Ramírez, el presupuesto de la CAIMFS refiere exclusivamente al capítulo mil del recurso, que representa 96 plazas de las cuales 64 están actualmente laborando en la Comar en préstamo.

Con relación a la Ley General para la Prevención, Atención y Reparación Integral del Desplazamiento Forzado Interno, aprobada recientemente por el Pleno de la Cámara de Diputados, Andrés Ramírez subrayó la necesidad de prever los recursos económicos necesarios para garantizar el apoyo eficiente y directo a las más de 345 mil víctimas, según cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno al 31 diciembre de 2019.

Se estima un presupuesto especial de 39 millones de pesos para iniciar el desarrollo de procesos, guías operativas, atención en primera fase y contratación de personal, entre otros, que permitan la implementación de dicho ordenamiento jurídico, concluyó.