El abogado Juan Collado Mocelo promovió un juicio de amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva de un año que le impuso una juez de Chihuahua por el delito de peculado por un monto de 13.7 millones de pesos que le imputa la administración de Javier Corral.
No obstante, la juez Patricia Marcela Díez Cerda, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal, se declaró incompetente para conocer del asunto por cuestiones de territorialidad, por lo que ordenó turnar el caso a un juzgado de distrito de Chihuahua.
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Tribunal niega suspensión
Por otra parte, el Quinto Tribunal Colegiado en materia Penal le negó la suspensión definitiva a Collado Mocelo, quien impugnó la resolución ministerial del 15 de noviembre de 2019, identificada bajo el oficio UEIDCSPCAJ/1219/2019, emitida en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, en la que solicitó la entrega de información protegida por el secreto bancario o fiduciario.
El litigante calificó de ilegal e inconstitucional dicha resolución, toda vez que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delitos Federales, de la Fiscalía General de la República, solicitó la información sin contar con una autorización judicial.
Al respecto, la FGR argumentó que la solicitud de información se dio en cumplimiento a una resolución dictada por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, quien actuó con carácter de juez de control.
Asimismo, los magistrados argumentaron que si bien es cierto que la defensa de Juan Collado presentó una copia simple de la resolución combatida, ésta no es suficiente para estimar que se cuente con datos certeros a efecto de estar en aptitud de analizar los demás requisitos que permitan decidir el fondo de la suspensión definitiva solicitada, entre ellos: que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.