Las denuncias de empresarios por presuntos actos de extorsión en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), se realizaron en contra funcionarios cercanos al entonces titular Raymundo Collins Flores.
Según las investigaciones, en junio de 2013, la Procuraduría capitalina inició una indagatoria por noticia criminal contra personal de ese organismo, luego de que representantes de las empresas Grupo Constructor y Consultor DIC, así como Constructora Ayotlán, denunciaron supuestas irregularidades.
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Se acusó en ese momento a Alejandro Espinoza Arenas, subdirector de gestión del INVI, y a Óscar Pérez, asesor personal de Raymundo Collins, de solicitar dinero para liberar recursos para la realización de las obras.
En consecuencia, la Fiscalía de Servidores Públicos citó a los representantes de dichas empresas, Servando Montoya, de Grupo Consultor DIC, quien afirmó que le solicitaron 10 millones de pesos y el 10 por ciento de las ganancias por cada contrato.
En su declaración acusó directamente a Espinoza Arenas y a Óscar López de pedirle dicha cantidad de dinero, y ante esas circunstancias dijo que rechazó la propuesta.
A su vez, Alfredo Otero, representante de Constructora Ayotlán, indicó que Espinoza Arenas señaló que si hacía un pago de "siete cifras" -o números- se le pagarían todos los adeudos, cuya propuesta, dijo, se realizó en una de las oficinas privadas del citado Instituto.
Además, mencionó que debía pagar una cuota de 10 millones, así como la entrega del 5 por ciento de cada contrato que firmaran con el INVI.
No obstante, el Ministerio Público recabó la declaración de Collins Flores, en su carácter de testigo, y negó tener conocimiento de los hechos denunciados, aunque no desconoció a los dos acusados.
El 18 de junio del 2013, los representantes de ambas constructoras enviaron oficios a la Procuraduría de Justicia capitalina para desistirse de las denuncias penales.
Sin embargo, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, declaró que al ex secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, se le acusa por el delito de uso indebido del servicio público, el cual es considerado como no grave y no ameritaría prisión preventiva oficiosa.