A casi una semana de que se diera a conocer que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores recluta a niños como policías comunitarios; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que implementen las medidas pertinentes para evitar que niños y adolescentes participen en estas actividades.
El organismo dio a conocer que envió un oficio a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General de Justicia, así como a la Procuraduría de Protección, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todos del estado de Guerrero, en el que les solicita informar y sensibilizar a los líderes comunitarios, las familias y la población en general, sobre su responsabilidad como garantes de los derechos de las personas menores de edad, y sobre los daños irreparables que podría generar su involucramiento en conflictos armados.
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También requirió la elaboración del diagnóstico y plan de restitución de derechos integral que corresponda a cada uno de los afectados atendiendo a su interés superior y sus circunstancias sociales y culturales, focalizando acciones para su recuperación física y psicológica y su reintegración social, considerando su contexto social y cultural.
La CNDH externó su preocupación por que hechos de esta naturaleza se conviertan cada vez más en prácticas recurrentes en el estado de Guerrero, lo que pondría en grave peligro la integridad, vida y desarrollo integral de niños y adolescentes, pues en 2019 se presentó también un caso de personas menores de edad que anunciaron su integración a los grupos de autodefensa en el municipio de Chilapa argumentando la falta de respuesta por parte de las autoridades ante la actuación del crimen organizado.
Cabe recordar que el informe especial de la CNDH sobre Niñas, Niños y Adolescentes víctimas del Crimen Organizado, señala que Guerrero es la entidad federativa con más alto riesgo para las personas menores de edad, por la violencia asociada con grupos delincuenciales, cuyas consecuencias se traducen en el incumplimiento y negación de sus derechos a la vida, integridad, a la salud, educación, a una vida libre de violencia, a vivir en familia, entre otros.