La esposa de Emilio Lozoya, Marielle Helene Eckes, solicitó un amparo contra la orden de aprehensión en su contra por adquirir una residencia en Ixtapa por un monto de 1.9 millones de dólares, dinero que podría ser de procedencia ilícita.
La solicitud de la protección federal fue turnada ante el Juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Jesús Chávez Hernández, a quien solicitó suspender la orden de captura por lavado de dinero y asociación delictuosa.
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El impartidor de justicia no ha acordado todavía si admite el recurso a trámite, sin embargo giró oficios a los Juzgados Primero y Octavo de Distrito en Amparo Penal para que informen si tienen antecedentes de otras demandas de Eckes.
El amparo, presentado por el apoderado legal Javier Esquinca, pretende combatir el fondo del asunto, y buscar una sentencia definitiva que invalide el mandamiento judicial.
La orden de captura contra la esposa del ex funcionario fue librada el 4 de julio pasado por Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
En dicho expediente, también se instruyó la aprehensión del propio Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin Solís, así como Nelly Maritza Aguilera Concha, la vendedora de la residencia en Ixtapa, y el empresario Alonso Ancira.
La Fiscalía General de la República presume que los recursos para adquirir la mansión son de origen ilícito, ya que una de las cuentas con las que se pagó parte de su valor recibió fondos de otra cuenta bancaria que ha sido señalada por ex directivos de Odebrecht como una en la que depositaron sobornos a Lozoya.
Además, para la operación de compra venta, Eckes contrató los servicios de Juan Carlos Quintana Serur, uno de los abogados externos de Altos Hornos de México, a quien Lozoya prestó sus servicios a través de dos contratos de consultoría, antes de ser director de Pemex.