Estado ofrecerá disculpas a indígenas víctimas del ejército

El Estado mexicano se comprometió a cumplir con las garantías de acceso a la justicia y no repetición para que estos hechos no ocurran nuevamente.

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El Estado Mexicano ofrecerá disculpas públicas a Ana, Beatriz y Celia González Pérez por la detención arbitraria, privación de la libertad y tortura sexual, además de la violación a los derechos de la niñez, cometidos en su contra por elementos del Ejército Mexicano en 1994.

El ofrecimiento fue realizado por el Subsecretario de Derechos Humanos, Migracion y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas Rodríguez.

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Los hechos ocurrieron en un retén militar en el camino que va rumbo al ejido Jalisco, en el municipio de Altamirano, en Chiapas, cuando las indígenas regresaron de un poblado vecino donde fueron a vender productos agrícolas.

Un grupo de militares detuvo a las tres hermanas, Ana de 20 años de edad, Beatriz de 18 años, Celia de 16 años y a su madre Delia Pérez; las mantuvieron privadas de su libertad durante dos horas. En ese tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre, golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones. Posteriormente fueron presionadas para que aceptaran que pertenecían al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

El pasado 22 de julio, las víctimas se reunieron con Encinas Rodríguez, acompañadas por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del Comité Hermanas González Pérez de San Cristóbal de las Casas, Chiapas y de Amnistía Internacional (AI) y acordaron las condiciones bajo las cuales el Estado mexicano ofrecerá disculpas públicas.

El evento de disculpa pública se llevará a cabo el 18 de octubre de 2019 en Ocosingo, Chiapas con la presencia de la titular de la Secretaria de Gobernación, altos mandos de la Secretaría deDefensa Nacional y de la Fiscalía General de la República.

Aunado a ello, el Estado mexicano se comprometió a cumplir con las garantías de acceso a la justicia y no repetición para que estos hechos no ocurran nuevamente, considerando que por más de 25 años el caso de las hermanas González Pérez ha permanecido impune.